FIRMAS Francisco Pomares

A BABOR | Por una televisión de verdad pública | Francisco Pomares

El PP canario decidió ayer estrenarse en su nuevo rol de partido de la oposición, en la comisión parlamentaria de Control de la Radio Televisión Canaria, a la que Santiago Negrín acudió para explicar el riesgo de que la tele se vaya a negro si no se renueva el contrato para la retransmisión de señal, que expira el 31 de agosto. Pero lo de la comisión, con desplante y todo, iba de postureo: lo que de verdad está en juego no es que a tele deje de emitir, lo que realmente preocupa es que Videoreport, actual concesionaria de los servicios informativos, pierda (o no) ese contrato, cuando salga a concurso en los próximos meses. El consejo rector de la tele, ya tiene preparado los pliegos técnicos para la realización de un nuevo concurso por 144 millones de euros (una minucia), pero en Videoreport, empresa gestionada por los dueños de Canarias 7, a la que Paulino Rivero adjudicó hace ocho años la explotación de los informativos por casi doscientos millones, se teme que las cosas no vayan a salir igual esta vez. Por eso, hay una estrategia de dilatar la aprobación de los pliegos, que capitanea gallardamente Román, y cuyo objetivo no declarado, pero evidente, es que el contrato con Videoreport se siga prorrogando «sine die» y mes a mes. Román ejerce así -de hecho- como portavoz parlamentario de uno de los grupos mediáticos que pueden optar a ese contrato.

Da bastante vergüenza, la verdad. El verdadero debate que debería ocupar hoy a Román Rodríguez y a sus señorías no es quien se va a quedar con el contrato, sino si este modelo de televisión pública, basada en darle la concesión de explotación de la tele a la empresa afín al Gobierno de turno, cada dos legislaturas, permite hacer una televisión decente. Todo el mundo se queja de que la tele canaria es una porquería. Pero nadie dice que la tele la hace una empresa privada, que gana una pasta, mantiene en la precariedad a sus empleados, programa lo que se le antoja y manipula informativamente a conveniencia de sus intereses. Así es como funciona, y cada vez que hay que renovar el contrato -cada ocho años- se montan unas carajeras de muerte, en la que los políticos pierden el culo por favorecer a las empresas de comunicación en liza. Quizá proceda ya plantearse una televisión de verdad pública, de verdad independiente, de verdad dirigida por profesionales elegidos para hacer que la televisión funcione con criterios de servicio público y no empresariales o políticos. Una televisión cuya autonomía e independencia sea de verdad tutelada por el Parlamento, que contrate a sus empleados en condiciones decentes y razonables, que garantice la libertad de información y que aporte contenidos culturales, informativos y de entretenimiento de calidad, y no basura que nos sonroje cada vez que encendemos las pantallas .

Pero nadie habla de eso en el Parlamento. Ni el Gobierno, ni la oposición se hacen eco de las silenciadas peticiones de sindicatos y trabajadores. Nadie habla de cambiar un modelo que no funciona, nadie habla de una televisión de verdad pública. Los políticos sólo se pelean para hacer méritos ante los potenciales adjudicatarios. A Román Rodríguez, el político que más férreamente controló la tele siendo presidente del Gobierno, el mismo que llama a los periodistas para abroncarles cuando no le gusta la información que dan, no le he escuchado jamás pelear por un modelo público. Sólo le escucho defender lo que le conviene al grupo de comunicación al que en los últimos tiempos ha decidido apoyar.

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