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Heleito guañac: Sociedad del conocimiento | Agustin Gajate Barahona

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En los últimos días he tenido la oportunidad de escuchar y de leer manifestaciones hasta cierto punto contradictorias procedentes de dos personas influyentes dentro del ámbito regional de la política y la economía. Por un lado, el presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, argumenta con bastante fundamento sobre la necesidad de poner en marcha un canal público insular de televisión, con la finalidad de ofrecer contenidos formativos prácticos para la población e incrementar las posibilidades de contratación de las personas sin empleo, además de mejorar la posición de los que ya lo tienen, a través de una mayor cualificación.

No voy a poner en duda las buenas intenciones del presidente insular, sobre todo porque el proyecto todavía se encuentra en fase de concreción, ni mucho menos criticar el nacimiento de un nuevo medio de comunicación, que siempre me parece un hecho positivo, tanto si surge desde la iniciativa privada como de la pública. Cuando funcione el nuevo canal, habrá tiempo de evaluar si los contenidos se corresponden con los objetivos propuestos o si se utiliza para difundir propaganda.

Quienes no sé si estarán a la altura de este proyecto, y de la estrategia Tenerife 2030 dentro de la que se enmarca, son los empresarios locales, un colectivo cuyos representantes durante los últimos años han hecho más declaraciones pidiendo a los trabajadores que se bajen el salario y trabajen más horas haciendo lo mismo, que dedicando tiempo o recursos a la formación o a la mejora de la productividad a través de una innovación que debería ser más humana y menos mecánica.

Las sospechas se han transformado en certezas cuando leí en la prensa una entrevista a Rodolfo Núñez, economista, profesor universitario, ex consejero de Obras Públicas del Gobierno de Canarias, ex presidente de CajaCanarias y actual vicepresidente de Binter, en la que afirma textualmente “el que me venga con lo de la economía del conocimiento… que no me falte al respeto, porque yo tonto no soy”.

Podría pensarse que la frase está sacada de contexto, pero incluso dentro del que se hizo, el posible cambio del actual modelo turístico, suena muy contundente y descorazonadora, porque dentro de ese mensaje subyace la idea de que la realidad es la que es y no podemos cambiarla. Y si  confrontamos este mensaje con los planes del Cabildo, la primera impresión es que en estas islas los políticos reman en un sentido y los empresarios justo hacia el contrario, pero las apariencias pueden resultar engañosas.

Si analizamos el actual modelo de establecimientos turísticos encontramos cinco grandes grupos de empresas que generan la mayoría de los empleos: hoteles-apartamentos, restaurantes-bares-cafeterías, animación-entretemimiento-ocio-discotecas, comercio y transporte. La estructura laboral de un hotel o apartamento es muy sencilla: un director que coordina toda la actividad, con o sin el apoyo de algún mando intermedio, según el tamaño del establecimiento, y el resto de trabajadores, fundamentalmente recepcionistas, camareros, botones, socorristas, personal de limpieza y de mantenimiento, siempre que estos últimos servicios no sean subcontratados. La remuneración de estos puestos de trabajo suele ser mileurista o inferior, a excepción del director o de algún mando intermedio.

Lo mismo sucede en lo demás grupos, con el añadido de que muchas actividades son desarrolladas por autónomos con algún empleado a su cargo, cuando existe esa necesidad por la propia evolución del negocio. En general, los ingresos mensuales netos de estos trabajadores varían entre los 600 y 1500 euros, cuando trabajan a jornada completa, por lo que, teniendo en cuenta el coste de los alquileres de viviendas o hipotecas, junto a los gastos imprescindibles de alimentación, vestido y calzado, nos encontramos ante retribuciones que aportan poco valor añadido al resto de sectores productivos.

¿Y qué piden los empresarios a estos trabajadores? Pues que hablen el mayor número de idiomas posible. Ya no basta con el inglés y el alemán, sino que, para captar turistas de nuevas procedencias, piden que hablen ruso, francés, italiano, noruego, sueco, finlandés o lo que surja. ¿Y este esfuerzo lingüístico a cambio de qué? En el mejor de los casos, a cambio de un pequeño plus salarial, pero en otros sólo para mantener el actual puesto de trabajo en las mismas condiciones retributivas.

¿Y forman los empresarios a sus trabajadores en los idiomas que quieren que aprendan? La realidad es que esa formación por parte de las empresas es prácticamente nula y son los propios trabajadores quienes tienen que costearse la formación o recurrir al sistema educativo público, que pagamos con nuestros impuestos todos los ‘sujetos pasivos’ de este país.

Así pues, en lo que respecta a los idiomas, estamos hablando de formación para enriquecer aún más a los empresarios que triunfan con el modelo actual y no a la sociedad que paga con sus tributos el coste de estos servicios. Pero ¿y si el modelo estuviera cambiando y el turismo de masas escogiera el modelo de alquiler vacacional frente al actual de apartamentos y hoteles de bajo coste con todo incluido? ¿Estaríamos aprendiendo idiomas sin necesidad? Y lo que es peor ¿no desaparecerían muchos puestos de trabajo para lo que se requiere ahora el conocimiento de varios idiomas? ¿Sería entonces una tontería apostar por la economía del conocimiento?

La economía del conocimiento requiere de profesionales con un alto nivel académico y formación universitaria específica de postgrado. Gracias a la economía del conocimiento llegan a las islas los turistas en aviones fabricados en otros países o navegan en barcos fabricados en otros países, se trasladan por nuestras carreteras en guaguas o coches fabricados en otros países, se alojan en establecimientos de cadenas hoteleras cuya propiedad es gestionada desde fuera de Canarias y si tienen problemas de salud se les recetan medicamentos patentados y elaborados en el continente. La materia prima con la que se produce la energía que consumen también es importada, así como el 90 por ciento de la comida con la que se alimentan y de los objetos que compran.

¿Y no tenemos en Canarias titulados y profesionales cualificados que puedan trabajar en la economía del conocimiento? Pues afortunadamente muchos, pero son pocos los afortunados que pueden desarrollar su actividad en estas islas. Los físicos cuentan con el IAC y los médicos con hospitales de referencia en muchos campos, pero el resto tiene que dedicarse a la enseñanza o salir fuera para trabajar en lo que saben. Algunos aventureros han montado empresas de vanguardia para desarrollar aquí lo que les contratan desde el extranjero, pero rara vez tiene encargos locales, ni siquiera de las administraciones públicas.

Muchas iniciativas lamentablemente fracasaron porque les hizo hace falta superar una ‘masa crítica’ para prosperar y no encontraron los apoyos sociales y económicos que precisaban. No se trata de subvencionar, sino de crear una estructura de intercambios que permita a estas empresas emergentes consolidar en las islas una economía del conocimiento sostenible y generadora de nuevos productos y servicios que aporten un valor añadido a los sectores productivos tradicionales. Y esta estructura constituye una necesidad prioritaria, no un capricho, a menos de que queramos seguir estando a merced de lo que decidan otros desde fuera sobre nuestro futuro.

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