FIRMAS Juan Miguel Munguía Torres

Vulneración de derechos. Trabajador sancionado | Juan Miguel Munguía Torres

Una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla la Mancha del pasado 1 de marzo dictamina que no vulnera el derecho al honor ni el prestigio profesional de un trabajador  sancionado que en el cuadrante de la empresa.

Los hechos acreditados consisten en que el trabajador fue sancionado por sentencia del Juzgado de lo Social con 21 días de suspensión de empleo y sueldo. La empresa notificó al empleado que el periodo de cumplimiento de la sanción. Apareciendo en el cuadrante-gráfico elaborado por la empresa sobre los servicios mensuales correspondientes a ese periodo, el nombre completo, si bien durante el periodo de la sanción, aparecían las letras «SAN». Y a ese cuadrante acceden los trabajadores, la Administración de la empresa y el personal de recursos humanos.

Sobre la base de estos hechos probados la sentencia mencionada concluye que no se ha producido la vulneración de los derechos fundamentales al honor y a la intimidad del actor porque el cuadrante-gráfico aparecen las diversas circunstancias (enfermedad, baja, sanción, etc.); porque al actor se le ha tratado igual que a los demás trabajadores de la empresa; porque no existe regulación alguna sobre la nomenclatura que ha de aparecer en el cuadrante-gráfico; y porque nunca han protestado por ello los representantes de los trabajadores; y, finalmente, porque la empresa no ha tenido intención de vulnerar el honor y la intimidad del trabajador.

El trabajador discrepa lógicamente señalando que el cuadrante-gráfico acceden todos los trabajadores del centro y que la mención a la sanción es un dato innecesario en la confección del gráfico; divulgando datos privados de su esfera personal y privada que no deben ser divulgados ni conocidos por terceros.

Los derechos al honor y a la propia imagen aparecen contemplados en el artículo 18.1 de la Constitución Española. Y  el Tribunal Constitucional también ha señalado que en el concepto constitucional del honor protegido por el artículo 18.1 de la Constitución Española tiene cabida el prestigio profesional, dado que en ciertos casos y bajo determinadas circunstancias, el juicio crítico o la información divulgada acerca de la conducta profesional o laboral de una persona puede constituir un auténtico ataque a su honor personal. En estos supuestos, los calificativos formalmente injuriosos o innecesarios para el mensaje que se desea transmitir, la crítica vejatoria, descalificadora y afrentosa de una persona, se dirigen contra su comportamiento en el ámbito en el que desempeña su labor u ocupación, pudiendo hacerle desmerecer ante la opinión ajena con igual intensidad y daño que si la descalificación fuese directamente de su persona.

Además el Tribunal Constitucional apunta que la protección del artículo 18.1 de la Constitución Española sólo alcanzaría a aquellas críticas que, pese a estar formalmente dirigidas a la actividad profesional de un individuo, constituyen en el fondo una descalificación personal, al repercutir directamente en su consideración y dignidad individuales, poseyendo un especial relieve aquellas infamias que pongan en duda o menosprecien su probidad o su ética en el desempeño de aquella actividad; lo que, obviamente, dependerá de las circunstancias del caso, de quién, cómo, cuándo y de qué forma se ha cuestionado la valía profesional del ofendido. En las circunstancias concretas del caso, de si la empresa al incluir en el cuadrante-gráfico de servicios la mención a la sanción del trabajador mediante las letras «SAN» constituye un ataque a su honor y prestigio profesional, solo expresan la realidad de la sanción y su mención en el cuadrante-gráfico correspondiente al periodo.

Con estos datos tan escasos la sentencia declara que no existe vulneración al honor del trabajador pues no existe constancia de que los cuadrantes hayan sido conocidos por personas ajenas a la empresa, con lo que el prestigio profesional del actor no ha quedado afectado fuera de su ámbito estrictamente laboral. Es más, solo tienen acceso al cuadrante y, por ello hay que presumir que han resultado conocedores de la sanción, según el fundamento de derecho tercero, los conductores, la dirección de la empresa y el personal de recursos humanos; y tanto la dirección como el personal de recursos humanos lógicamente debían tener conocimiento de la sanción impuesta al trabajador porque la dirección es la responsable de la gestión de la empresa y tiene conocimiento de las sanciones impuestas a los trabajadores en cuanto que es la fuente de las mismas; y lo mismo ocurre con los que forman el personal de recursos humanos.

En definitiva la sentencia entiende que no existe menoscabo en el prestigio profesional ni vulneración de la Ley Orgánica de Protección de Datos ni vulnera su derecho al honor y a la intimidad.

munguia@munguiaabogados.com

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