FIRMAS Francisco Pomares

A babor | La sentencia que no pudo ser | Francisco Pomares

La fiscal anticorrupción María Farnés tardó dos enteros días en reproducir ante el tribunal su alegato acusador contra el alcalde Zerolo y los empresarios Ignacio González y Antonio Plasencia. El juez Astor Landete ha tardado apenas cuatro meses en emitir una sentencia que -en resumen- lo que hace es colocar las cosas en su sitio, explicando que una operación en la que se ganaron 120 millones de euros sin poner un duro fue planificada y orquestada de común acuerdo por los empresarios, políticos y técnicos implicados, cuya complicidad fue clave para que González y Plasencia obtuvieran esos estratosféricos beneficios.

Dicen que los tiempos han cambiado y que el que la hace la paga: siete años de cárcel a Zerolo y a Parejo, cuatro y medio a Víctor Reyes Delgado y cuatro a José Tomás Martín, ambos funcionarios, y cinco años y tres meses a los empresarios Plasencia e Ignacio González. Más un montón de millones -52,5 más los intereses y otros 9 más- como indemnización al Ayuntamiento. La pasta que nadie sabe si existe ya.

Una sentencia ejemplar y ejemplarizante, dirá alguno. Pero al margen de que la sentencia no sea aún firme, porque será sin duda recurrida en casación, lo cierto es que nos quedamos con la impresión de que -con tres excepciones- los que de verdad han pagado los platos rotos son los mismos pringados que siempre los pagan. El exconcejal Manuel Parejo, que lo que hizo fue gestionar la compra, siguiendo instrucciones de su alcalde, entrará inmediatamente en prisión, el próximo 4 de mayo, porque el Consejo de Ministros del 7 de abril denegó el indulto que habían pedido sus abogados para evitar cumplir la sentencia por el caso Mamotreto, ese contencioso kafkiano entre administraciones, llevado a la jurisdicción penal, porque ocurrió también en Las Teresitas. Entrarán tras él en prisión el también exconcejal Norberto Plasencia y los técnicos Epifanio Díaz y Loreto Ariz. No es que no haya pruebas de que robaran algo, es que eso ni siquiera estaba en discusión. Mientras ellos -tres mandados- desfilan en dirección a la trena, alguno de los muñidores y responsables de la operación de compraventa de Las Teresitas, el mayor «pelotazo» de la historia política de esta región, han salido completamente de rositas, sin ser siquiera señalados.

Entre otras cosas porque no estaban como imputados en el procedimiento: sus nombres aparecen como testigos, han prestado declaración, han reconocido haber recibido dinero de los condenados…, pero la fiscal Farnés optó hace ya años, cuando presentó el caso, por dejarlos fuera a ellos, los verdaderos peces gordos, protagonistas formales y muñidores intelectuales de la operación. Se nos dijo que no había forma de pillarlos. Es difícil admitir que esos dos o tres nombres claves no estuvieran entre los procesados y no estén entre los condenados.

Lo que tenemos ahora es lo que podemos calificar como «la verdad judicial»: un relato en 169 folios que nos cuenta quiénes son los responsables y los no responsables de lo que ocurrió, un relato que ha dejado de ser la historia de la fiscal para convertirse en los hechos que se consideran probados. Una suerte de entente entre lo que resulta obvio y conocido por todos los que seguimos el caso y su juicio y lo que los tribunales han podido demostrar.

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