FIRMAS Salvador García

Pensionistas. Por Salvador García Llanos

La última proyección de pirámide poblacional actualizada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) es reveladora: en un plazo de treinta años, España tendrá más jubilados que trabajadores. Hoy en día, el país tiene 2,5 empleados por persona mayor de sesenta y siete años. A partir de 2046, habrá menos de uno. El número de jubilados se multiplicará por dos en este período.

Estos datos del INE son tan escalofriantes que es necesario repasarlos para hacernos a la idea de la magnitud de esta cuestión. Así, permiten calcular que cada trabajador tendrá que sostener no solo a su familia, sino también a un jubilado, lo que multiplica por dos la carga en términos de pensiones en el plazo apuntado de los treinta años. Precisando: las personas en edad de trabajar superan los 31,5 millones, en tanto que los mayores con 68 años o más son casi 8 millones.

Salta en seguida la luz roja del Fondo de Reserva de Pensiones que, de vez en cuando, cuando es utilizado por el Gobierno, es la que advierte de los riesgos de su sostenibilidad. Y es que el Fondo se encuentra al borde de su agotamiento: algún experto ha señalado que quedan unos quince mil millones de euros, lo justo para afrontar el abono de la paga del próximo verano. En 2016, la Seguridad Social acentuó su déficit tras haberse desviado más de un punto y medio porcentual (1,62%), lo que supone un quebranto superior a los dieciocho mil millones de euros.

Así las cosas, es natural que nos congratulemos de los indicadores positivos de la creación de empleo, fundamental para mantener el poder adquisitivo de los pensionistas. El ex secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado, ha declarado que solo cuando se garanticen mayores ingresos es cuando se podrá asumir que tal capacidad será efectiva. Por lo tanto, es indispensable más empleo. Y advierte Granado: “Con salarios de quinientos euros, no vamos a pagar pensiones de mil cuatrocientos, a no ser que creemos un millón de empleos todos los años”.

Mientras, el Pacto de Toledo, en el marco del Congreso de los Diputados, refleja un acuerdo unánime de sus integrantes: hay que encontrar fuentes de financiación o determinar cuáles son las pensiones que deben pagarse con impuestos y qué cotizaciones habrán de dedicarse a políticas de empleo. Tendrán que esmerarse en la consecución de esos objetivos porque si no, golpe a la hucha. Que está más liviana, por cierto. He ahí el problema.

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