FIRMAS Francisco Pomares

A babor. Encerrado en la pajarera. Por Francisco Pomares

La justicia española es un territorio difícil de recorrer: el indulto concedido al presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, sigue paralizado en el Consejo de Ministros. A Ramírez se le concedió ya el indulto, pero no pudo aplicarse por un defecto de forma en la tramitación, del que Ramírez no es responsable. El Gobierno debería resolver el indulto, pero Ramírez, además de presidente de la Unión Deportiva, es uno de los empresarios más polémicos y discutidos de Canarias. También es la competencia directa de empresas de seguridad con extraordinarios lazos con el PP y con otros partidos españoles, pero esa es otra historia. La cosa es que mientras el Gobierno mantiene bloqueada la efectividad de un indulto ya concedido, por un delito ecológico cometido en la construcción de una pajarera y otras estancias anejas a su domicilio en La Milagrosa, el Juzgado de lo Contencioso de Las Palmas hacía pública ayer una sentencia en la que se reconoce el derecho de Ramírez a obtener del Cabildo de Gran Canaria -que fue quien le demandó por la vía penal- el permiso que el propio Cabildo denegó en su día.

En cualquier otro sitio que no fuera este «Absurdistán» en el que vivimos, se aplicaría la vieja fórmula de «muerto el perro se acabó la rabia». Pero España es diferente: es la segunda vez que una sentencia posterior a la condena por la pajarera da la razón a Ramírez, al considerar legalizables las obras en contra del criterio del Cabildo grancanario, por entender que las obras realizadas no incumplían ninguna de las normas urbanísticas en vigor cuando se hicieron la obras. En ese mismo sentido se pronunció hace casi cuatro años la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC, que es la que debe dar firmeza a esta nueva sentencia del Juzgado. Casi cuatro años…

La situación es surrealista. Ramírez podría entrar en la cárcel, a cumplir tres años por un delito ecológico del que fue primero indultado, para luego suspendérsele la aplicación del indulto por defectos formales que no son de su responsabilidad, y que ahora resulta que no tendría que haberse condenado, porque el Cabildo debía -y debe, tras esta sentencia- conceder las licencias que no quiso conceder, para unas obras que ya fueron demolidas.

Produce sonrojo y bochorno que alguien pueda acabar en la cárcel por esta cadena de sinsentidos, y porque la maquinaria de la Justicia -indulto incluido- es bastante marciana. Miles de ciudadanos sufren todos los días el desastre de una justicia que quizá sea ciega, pero desde luego es sorda a lo que ocurre. La diferencia con Ramírez es que él tiene recursos para defenderse, muchos abogados y voz para hacer ruido. La mayoría de los casos -igualmente bochornosos- de absurdos burocráticos, procedimientos que no resuelven nada y situaciones de injusticia flagrante, nunca llegan a los periódicos ni son rectificados por los tribunales.

Ramírez se levanta todas las mañanas sin saber si su trasero dará en la cárcel antes de que acabe el día. El hombre tiene sin duda muchos enemigos, ha construido con mucha rapidez un imperio empresarial muy grande y ha tocado muchos intereses consolidados. Pero el problema de Ramírez no son sus enemigos declarados -políticos que intentaron usarlo, jueces a los que grabó conversaciones comprometedoras o competidores cabreados-. Su mayor problema hoy son todos esos amigos que le han salido en los últimos años -fundamentalmente desde que fue condenado- y que no paran de venderle relaciones inexistentes, posibilidades de influir en el indulto y todo tipo de gestiones milagrosas. Esos son los que van a arruinarle…

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