FIRMAS Francisco Pomares

A BABOR. Empujón final al REF. Por Francisco Pomares

Por unanimidad, todos los grupos políticos del Parlamento de Canarias aprobaron el miércoles pasado una moción del socialista palmero Manuel Marcos sobre el REF. La moción pide que los aspectos económicos del REF sean incorporados a los Presupuestos del Estado de 2017, que -según se ha anunciado- serán presentados a aprobación en las próximas semanas, aunque aún está por ver si el Gobierno contará con el respaldo suficiente para sacarlos adelante.

La moción presentada el miércoles establece también que el Parlamento de Canarias deberá respaldar el nuevo REF antes de su aprobación. Eso no es solo razonable, sino obligatorio: el Estatuto establece que Canarias tiene que ser escuchada en la tramitación de la reforma del REF en su Parlamento, que hasta la fecha se ha venido desarrollando en distintos foros de conversaciones bilaterales (Canarias-Estado, Estado-UE), en los que el Gobierno de Rajoy es el que mueve los documentos de un lado para otro y ejerce de pívot. El protagonismo del Gobierno Rajoy en la tramitación del REF es conveniente, e inevitable.

La parte que queda pendiente de resolver del REF es la parte económica. La parte fiscal fue ya votada por el Parlamento -de forma unánime- a principios de esta legislatura. Y el formato elegido para tramitar la parte económica del REF es el mismo que se eligió para tramitar la parte fiscal. Pero una cosa es facilitarle las cosas al Gobierno, y que el REF sea presentado al Congreso de los Diputados como un simple decreto ley a convalidar, sin poder incorporar ningún cambio o mejora, y otra muy distinta que sea razonable que el REF se apruebe finalmente sin debate y participación de los diputados en el Parlamento nacional.

Eso significa que el REF no puede ser resuelto tirando sólo del mecanismo del decreto ley, y la moción aprobada por el Parlamento de Canarias el miércoles también se ocupa de eso. La moción no plantea interrumpir el sistema que ha seguido el Gobierno Rajoy, pero sí especifica que tras su convalidación parlamentaria en el Congreso, el decreto ley debe tramitarse como proyecto de ley, con la participación de las distintas fuerzas políticas.

Sé que todo esto parece un trabalenguas para leguleyos, pero se trata de un asunto muy importante que requiere de matices: el REF tiene hoy rango de ley, y está además citado en la Constitución. El Gobierno Rajoy optó por tramitar su reforma sin pasar la propuesta por el Congreso, al que llegará ya completamente trillado para su convalidación, utilizando el formato de decreto ley, que no permite modificaciones o enmiendas. Lo que pide Canarias son tres cosas, y las tres son claves para que el REF nos sirva. La primera es que se apruebe finalmente con rango de ley, después de escuchar lo que tengan que decir todos los partidos representados en el Congreso. La segunda es que esa aprobación se realice sólo después del dictamen favorable del Parlamento de Canarias. Y la tercera es que lo que se apruebe no sea discurso político o agua de borrajas, que los incentivos económicos estén valorados y encajados presupuestariamente ya desde el presupuesto de 2017.

Qué menos puede pedirse…

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