FIRMAS Juan Miguel Munguía Torres

El impuesto de plusvalía. Por Juan Miguel Munguía Torres

Una reciente sentencia del Tribunal Constitucional anula el impuesto municipal de plusvalía –técnicamente conocido como impuesto sobre el incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana- cuando la venta del inmueble no ha proporcionado ganancias como ha acontecido en estos periodos de crisis, concretamente la resolución recoge que “en ningún caso podrá el legislador establecer un tributo tomando en consideración actos o hechos que no sean exponentes de una riqueza real o potencial”, y porque  resulta contrario al principio de capacidad económica previsto en la Constitución. Ello supone reformar este impuesto local del que se nutre una parte de la fuente de ingresos de los Ayuntamientos.

El Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU, también llamado de Plusvalía Municipal) lo paga el vendedor cuando vende cualquier finca urbana (locales, viviendas y solares).

El impuesto se devenga en el momento en que se produce la venta del bien  calculándose el importe a partir del valor catastral y de los años (uno como mínimo y veinte como máximo) durante los que el propietario ha sido titular. En ese cálculo no cuenta si el inmueble ha ganado o no valor  recogiendo el alto Tribunal que “imponer a los sujetos pasivos del impuesto la obligación de soportar la misma carga tributaria que corresponde a situaciones de incrementos derivados del paso del tiempo contradice el principio de capacidad económica que la Constitución garantiza”.

En igual sentido se pronunciaba una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias de septiembre pasado, donde recogía el caso de un contribuyente transmitió su terreno por un valor  inferior al que lo adquirió, y la liquidación del impuesto fue anulada. Es decir, no se tuvieron en cuenta variables como la diferencia entre el precio de compra y el de venta. En los años del boom inmobiliario, ello beneficiaba a los contribuyentes porque la base imponible del impuesto de plusvalía municipal era normalmente inferior al beneficio realmente logrado. Sin embargo, ahora es al revés y muchos vendedores se ven obligados a abonar el impuesto de plusvalía municipal, a pesar de registrar pérdidas. En el año 2008, el impuesto de plusvalía municipal aportó a los ayuntamientos 1.263 millones y, en 2013 –último ejercicio cerrado–, la cifra casi alcanza los 2.000 millones. El aumento se explica por la subida de los valores catastrales y por el hecho de que este tributo se calcula sin tener en cuenta la diferencia entre el precio de venta y el de compra

El artículo 31 de la Constitución Española señala que “todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio”. Por ello concluye el Tribunal Constitucional  que “al establecer el legislador la ficción de que ha tenido lugar un incremento de valor susceptible de gravamen al momento de toda transmisión de un terreno por el solo hecho de haberlo mantenido el titular en su patrimonio durante un intervalo temporal dado, soslayando, no solo aquellos supuestos en los que no se haya producido ese incremento, sino incluso aquellos otros en los que se haya podido producir un decremento en el valor del terreno objeto de transmisión, lejos de someter a gravamen una capacidad económica susceptible de gravamen, les estaría haciendo tributar por una riqueza inexistente, en abierta contradicción con el principio de capacidad económica del citado art. 31.1 CE.”

El contribuyente que se encuentren en el supuesto anterior deber  presentar en la Administración local un escrito de rectificación y devolución de ingresos indebidos adjuntando copia de la liquidación además de los documentos que acrediten la inexistencia de incremente de valor. Y a partir de ahí se abre la vía administrativa, que para el caso de ser desestimada solo le quedará acudir a los Tribunales. Además de argumentar que no ha existido ganancia patrimonial, puede atacarse igualmente el erróneo cálculo de la plusvalía con base a que el impuesto se calcula sin tener en cuenta la diferencia entre el precio de compra y el de venta en valor real. Los Ayuntamientos están calculando el incremento del valor de un terreno en los 20 años siguientes. Pero lo correcto sería tomar como referencia el valor del terreno en el momento del devengo, esto es, de la venta.

La conclusión de la sentencia del Tribunal Constitucional  es que cuando se acredite que no ha existido en términos económicos y reales incremento alguno, no podrá exigirse el impuesto.

munguia@munguiaabogados.com

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