FIRMAS Juan Miguel Munguía Torres

Difusión inconsentida de imágenes. Por Juan Miguel Munguía Torres

No son pocas las ocasiones en las que la prensa se hace eco de alguna sentencia relacionada con la difusión de imágenes o vídeos a través de redes sociales, sobre todo WhatsApp y normalmente con contenido sexual, sin contar con el consentimiento del afectado.

La facilidad para la realización y difusión de imágenes ha favorecido, como todo el desarrollo tecnológico, la aparición de nuevos hábitos de conducta que pueden venir acompañados, en ocasiones, de consecuencias lesivas para bienes jurídicos importantes, como siempre que se realiza una actividad de riesgo. El “sexting”, supone el envío de imágenes estáticas (fotografías) o dinámicas (vídeos) de contenido sexual de mayor o menor carga erótica entre personas que voluntariamente consienten en ello y, que forma parte de su actividad sexual que se desarrolla de manera libre.

En un sondeo en el año 2016 entre profesores británicos ha revelado que el sexting ha alcanzado proporciones epidémicas incluso en las escuelas primarias, con niños de hasta siete años intercambiando imágenes sexualmente explícitas a través del teléfono móvil, una práctica ya muy habitual entre los estudiantes de 13 a 16 años.

Esta conducta está tipificada en el  artículo 197 apartado 1 del Código Penal,  que establece: «El que, para descubrir los secretos o vulnerar la intimidad de otro, sin su consentimiento, se apodere de sus papeles, cartas, mensajes de correo electrónico o cualesquiera otros documentos o efectos personales o intercepte sus telecomunicaciones o utilice artificios técnicos de escucha, transmisión, grabación o reproducción del sonido o de la imagen, o de cualquier otra señal de comunicación, será castigado con las penas de prisión de uno a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses» y al aparatado 4 «Se impondrá la pena de prisión de dos a cinco años si se difunden, revelan o ceden a terceros los datos o hechos descubiertos o las imágenes captadas a que se refieren los números anteriores.» Se trata de un tipo penal que exige la existencia de tres elementos concurrentes: 1.- No consentimiento de la víctima a la difusión de una grabación obtenida con consentimiento de ambos. La carga de la prueba de la existencia del consentimiento del afectado en difundir las imágenes correspondería al acusado y, en cualquier caso,  resultará obvio pensar que determinados videos o imágenes no están autorizados normalmente a que se difundan, de ahí que se tenga que exigir la prueba del consentimiento al acusado si así lo alega. 2.- La conducta que se sanciona es la de difundir, revelar o ceder a terceros imágenes o grabaciones audiovisuales de aquélla que hubiera obtenido con su anuencia en un domicilio o en cualquier otro lugar fuera del alcance de la mirada de terceros. 3.- Que la divulgación menoscabe gravemente la intimidad personal de esa persona.  No debe perderse de vista que esta exigencia es un elemento del tipo, por lo que si se efectúa una difusión de imágenes, pero no llega a considerarse que ello supone una afectación o menoscabo a su intimidad el hecho no será delito. Pero es que el bien jurídico protegido por este delito es, precisamente, la intimidad, y en conjunción con la propia imagen. Pero se exige no una mera afectación a ambas, sino que esta sea grave, de lo que se debe concluir que no se podrá derivar al ámbito de la persecución penal cualquier hecho de divulgación de imágenes o videos, sino aquellos que menoscaben de forma grave esa intimidad personal de la víctima. Se trata de un elemento valorativo del juez.

No debemos olvidar que cuando una imagen sale de tu móvil pierdes para siempre su control. Se debe tomar conciencia del riesgo de lo que está haciendo.

munguia@munguiaabogados.com

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