FIRMAS Francisco Pomares

A babor. La conferencia. Por Francisco Pomares

Hace unos meses, cuando Fernando Clavijo planteó su propuesta de Conferencia de Presidentes, la iniciativa tenía que ver con el bloqueo institucional, con la existencia de un Gobierno en funciones, sin legitimidad para asumir decisiones importantes, y con la necesidad de desatascar la regla de gasto y ofrecer a las regiones el marco adecuado para poder aprobar sus presupuestos. Pero esa no es la situación hoy, ni mucho menos. El bloqueo institucional que mantuvo este país con un Gobierno instalado en la provisionalidad casi un año se resolvió con la abstención del PSOE a la investidura de Rajoy, que formó un Gobierno en minoría y comenzó a adoptar decisiones de calado, algunas de ellas revisando sus propias políticas. Al tiempo, Canarias aprobó sus presupuestos para el 2017 -es una de las pocas regiones que logró aprobarlos en plazo- y la reunión de presidentes viró en dirección a atender urgencias distintas: el verdadero objetivo de esta conferencia, primera a la que no asisten ni Cataluña ni el País Vasco, es pulsar la opinión de las regiones sobre un sistema de financiación que todos discuten, porque todos quieren más.

Canarias, a la cola de la financiación por habitante -el estado financia a cada canario con 1.570 euros menos de lo que aporta de media a cada español-, va a pelear por incorporar 700 millones más a la cuota del Estado. Básicamente para dedicarlos a Sanidad, Educación y Servicios Sociales, infradotados desde hace una década. Los dineros que hay para repartir no aumentan, es incluso posible que tengan que disminuir como consecuencia de los ajustes que Bruselas exige en el déficit del Estado. Pero Canarias confía en lograr que las comunidades más ricas pierdan algo de lo que ingresan, gracias a dos mecanismos: uno es conseguir que los recursos del REF no computen como financiación general, y el otro consiste en incorporar al sistema de cálculo cambios en el criterio de ponderación de la población, más específicamente en lo que se refiere a la insularidad.

En realidad, ninguno de esos dos asuntos va a ser aprobado, es posible que ni siquiera hayan sido puestos en discusión. La estrategia que sigue el Gobierno es negociarlos de forma bilateral con el Estado, porque es más fácil conseguir el apoyo del Gobierno que el del resto de las regiones, dado que cada euro más para Canarias será un euro menos para repartir entre ellas. Por eso, para evitar la percepción de que la conferencia no ha servido para nada, las regiones han acudido con una decena de asuntos ya pactados y resueltos. Son cuestiones relativas a la unidad de mercado en el territorio nacional, la tarjeta social, la coordinación de emergencias, la agenda europea, la demografía, la tasa de reposición funcionarial o la educación. Asuntos de mucha entidad, pero que no afectan directamente al sistema financiero.

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