FIRMAS Francisco Pomares

A babor. Una reforma gafada. Por Francisco Pomares

En medio de la crisis irreversible del Gobierno, cuando la única duda que queda a estas alturas es de qué lado se dejará finalmente caer el PP, el Pleno del Congreso de los Diputados se prepara para discutir mañana por la tarde la toma en consideración de la reforma del Estatuto de Autonomía de 1982, levemente «retocado» en 1996. Diez años después, el Gobierno de Adán Martín intentó de nuevo la reforma, que fue retirada por Rivero. Unos años más tarde, su Gobierno volvería a remitir el texto aprobado por el Gobierno de Adán Martín, con ligeras modificaciones, y con el apoyo del PSOE y Coalición Canaria, la oposición del PP y la abstención de Nueva Canarias, que consideró el texto articulado insuficiente. Una modificación del reglamento del Congreso, aprobada antes de la entrada del Estatuto en la Cámara, permite que el proyecto -una ley orgánica que debe ser tramitada en las Cortes- no decaiga, y se mantenga para ser discutida en esta legislatura.

Mañana defenderán la toma en consideración de la reforma en San Jerónimo los portavoces parlamentarios de Coalición -José Miguel Ruano- y del PSOE -Iñaki Lavandera-, que presentarán un Estatuto con más de doscientos artículos. La reforma contempla incorporar el REF, anclándolo a la Constitución, para darle mayor seguridad jurídica, reforzando el instrumento fiscal y económico que define y protege las singularidades del archipiélago. El objetivo central del nuevo texto es fijar el REF con carácter definitivo y establecer la permanencia de una fiscalidad propia y de un estatus económico específico, basado -entre otras cosas- en un tratamiento singular de la financiación de Canarias en los Presupuestos Generales del Estado, que asuma los sobrecostes en la vida de los canarios que comportan la insularidad y la lejanía. Se trata con ello de hacer cumplir el mandato constitucional de que todos los españoles deben ser iguales ante la ley y tratados igual por la administración del Estado. El nuevo Estatuto incorpora también la reforma de nuestro sistema electoral, con una bajada de los topes electorales y la creación de una circunscripción electoral regional, de diez diputados. Y permite al presidente del Gobierno regional disolver el Parlamento y convocar elecciones.

La tramitación de la reforma del Estatuto que comenzará mañana es uno de los compromisos incluidos en la «agenda canaria» pactada por nacionalistas y populares como compensación al voto de Ana Oramas a la investidura de Mariano Rajoy.

Está por ver qué ocurrirá con la reforma si al final, como consecuencia de esta crisis política de nunca acabar, cambia sustancialmente la arquitectura del Gobierno regional. La reforma del Estatuto de Canarias no se produjo en la primera hornada de las modificaciones estatutarias, ni prosperó en 2006. Se retrasó después durante las dos legislaturas de Rivero y volvió a retrasarse como resultado del atasco político nacional. La reforma no cuenta con grandes valedores ni entre los partidos ni entre la ciudadanía, a pesar de la presión creciente para modificar el sistema electoral. Pero la reforma es importante, y su aprobación, si se produce en términos similares a los que conlleva la propuesta, supondría resolver algunos de los problemas que más lastran nuestra financiación y nuestro sistema político desde hace mucho tiempo.

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