FIRMAS Juan Miguel Munguía Torres

Victima de violencia de género: derecho a la intimidad e imagen. Por Juan Miguel Munguía

¿Se vulnera el derecho a la intimidad e imagen de una víctima de violencia de genero al emitir imágenes suyas del juicio por televisión? Una reciente sentencia considera vulnerados estos derechos en el contenido de dos informativos en junio de 2009 en los que se informó del juicio oral que se seguía en aquellas fechas contra la ex pareja de la mujer por delitos de malos tratos. En la propia sentencia se indica que el órgano judicial no había acordado la celebración de la vista a puerta cerrada, ni la demandante lo había solicitado. Sin embargo la sentencia recoge- que ello no supone una habilitación incondicionada a los medios de agotar la diligencia debida en el tratamiento de la información.

 
La sentencia destaca que no se discute el interés de la información cuestionada ni el derecho de la cadena televisiva demandada a emitir imágenes grabadas durante el acto del juicio oral de la causa penal, ya que no consta ninguna limitación al respecto acordada por el órgano judicial. Y precisamente en relación con las actuaciones y procedimientos sobre violencia de género, el artículo 63 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género , establece una protección reforzada de la intimidad de las víctimas, «en especial, sus datos personales, los de sus descendientes y los de cualquier otra persona que esté bajo su guarda o custodia» facultando a los jueces para «acordar, de oficio o a instancia de parte, que las vistas se desarrollen a puerta cerrada y que las actuaciones sean reservadas».
 
En este caso, la cadena de televisión demandada debió actuar con la prudencia del profesional diligente y evitar la emisión de imágenes que representaban a la recurrente en primer plano, bien absteniéndose de emitir las correspondientes tomas, bien utilizando procedimientos técnicos para difuminar sus rasgos e impedir su reconocimiento. De igual modo, también debió evitar la mención de su nombre de pila, porque este dato, insuficiente por sí solo para constituir intromisión ilegítima, pasó a ser relevante al pronunciarse en pantalla simultáneamente con la imagen de la demandante y añadirse la mención de su localidad de residencia, datos todos ellos innecesarios para la esencia del contenido de la información, como demuestran las noticias sobre el mismo juicio publicadas al día siguiente en otros medios. La identificación de la demandante mediante su imagen y los datos personales indicados y su directa vinculación con un episodio de violencia de género y otros delitos graves, cuando era previsible la revelación simultánea o posterior de datos referidos a cómo se conocieron la víctima y su agresor y a la forma en que sucedieron los hechos delictivos, supone que la pérdida del anonimato vulnerase tanto el derecho de la demandante a su propia imagen, por la emisión de sus rasgos físicos, como su intimidad personal y familiar, en la medida en que unos datos reservados, pertenecientes a su vida privada (que acudió a Internet
 
para iniciar una relación o el contenido íntimo de algunas de sus charlas), carentes de entidad ofensiva en una situación de anonimato, pasaron a tenerla desde el momento en que cualquier persona que viera esos programas informativos y que residiera en la localidad de la víctima podía saber a quién se referían, de modo que al daño psicológico inherente a su condición de víctima de los delitos se sumó el daño moral consistente en que se conocieran datos de su vida privada que no había consentido hacer públicos. Daño moral que fue estimado en la cantidad de 25.000 €.
 
Concluyendo: la naturaleza de la violencia de género a través de las nuevas tecnologías y su impacto y difusión social requiere garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva de la víctima y la reparación del daño a la misma.
munguia@munguiaabogados.com

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