FIRMAS Francisco Pomares

A babor. Nos venden los aeropuertos. Por Francisco Pomares

Acabando de aterrizar, podría decirse, el Gobierno Rajoy parece haber decidido concluir la venta de AENA, que el ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, plantea como una operación para aumentar la participación privada, que en estos momentos es de un 49 por ciento. Las dudas razonables sobre el proceso se evaporan: la operación de abrir AENA a la empresa privada, rematada en 2014, fue una privatización encubierta, a realizar en dos fases. En la primera, se coló capital privado a un punto de la mayoría en la gestión de los aeropuertos españoles, y en una segunda fase -la que ha llegado ahora-, se modifica el sistema de gestión y las mayorías, y AENA pasa a ser directamente privada.

Rajoy mata así dos pájaros de un tiro: hace caja para paliar el descalabro que nos viene de Europa, y entrega los aeropuertos a empresas próximas al Gobierno, de acuerdo con el modelo que defiende el PP. Y nos dicen que es legítimo defender un modelo de gestión privada, sobre todo después de que en apenas dos años de gestión la empresa haya duplicado su valor. Pero ojo, lo cierto es que AENA ya había duplicado su valor a los poquísimos meses de ser vendida: la compañía cerró 2014 con 1.800 millones de euros de beneficio, el mayor de su historia, suficiente para asumir el pago de la deuda. Se dijo entonces que eso no significaba nada, que el Gobierno había hecho ingeniería con los datos para hacer más atractiva la compra por parte de los grandes inversores, pero la prueba del algodón llegó con la salida a Bolsa, cuando AENA experimentó una subida de más del 20 por ciento, haciendo que los grandes fondos y los llamados inversores institucionales ganaran en un solo día 836 millones de euros. Ahora sabemos que la mitad de la arruinada AENA, con 10.500 millones de euros de capitalización bursátil inicial, fue vendida cuando era la segunda empresa del mundo en su sector, por encima de Aeroports de París, con más del doble de la empresa alemana de aeropuertos, y a poco más de mil millones de alcanzar a la empresa aeroportuaria de Tailandia, la mayor del mundo. O sea, que ni AENA era la ruina que nos dijeron ni su deuda era inasumible, de hecho pudo pagarse con los beneficios del primer año postventa. Si las cosas hubieran sido como nos contaron, la capitalización en Bolsa no se habría disparado un 20 por ciento en su mismo estreno.

Por eso, lo que AENA representa ahora es el penúltimo gran regalo de quienes hoy controlan el Estado a sus amigos, benefactores y colegas. Esta privatización no va a ser distinta de las de Iberia, Telefónica y otras grandes compañías públicas saldadas con la excusa de que Europa obligaba a venderlas, algo que no es verdad.

Lo que sí lo es es que Canarias necesita el control de sus aeropuertos. Por eso, el Gobierno de Canarias debe solicitar su traspaso a la Administración regional, de acuerdo con lo previsto en el artículo 33 del Estatuto de Autonomía, si el Estado renuncia a la gestión directa. Este es el momento de pedir que los aeropuertos canarios pasen a ser canarios. Por ellos circulan casi la misma cantidad de gente que entra y sale de Barajas. Y son globalmente rentables, a pesar de que los de las islas menores de la provincia occidental sean deficitarios. Es, pues, el momento de acudir al Constitucional con una causa bien armada. En otras ocasiones hemos llevado asuntos muy menores al Constitucional. Ahora se trata de una cuestión vital.

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