FIRMAS Francisco Pomares

A babor. De Sacyr y la indignación. Por Francisco Pomares

No hay nada que una más que un enemigo común, como bien sabe cualquiera que tenga un jefe (por ejemplo). Los políticos tinerfeños han encontrado en la decisión de Jesús Morera de rescindir el contrato con Sacyr, por las obras del Hospital del Sur, una magnífica ocasión para cerrar filas y restañar las heridas del pacto. Rosa Dávila, Patricia Hernández, Carlos Alonso o Aurelio Abreu hablando el mismo lenguaje: nunca antes se había producido una mayor unanimidad a la hora de condenar el proceder «tramposo», «abusivo», «chantajista» y «desvergonzado» de la empresa adjudicataria de las obras del Hospital del Sur. Hasta el coordinador regional de ese partido circunstancial, circunspecto (y probablemente circuncidado) que es Ciudadanos, ha exigido el inicio de «un procedimiento de sanción que suponga la suspensión de la clasificación» de la empresa constructora, «de tal forma que se le impida contratar en el futuro…».

En fin, no voy a defender a la constructora. No sólo porque no encuentre motivos para defenderla en este caso concreto, sino porque Sacyr arrastra una bonita colección de precedentes similares, en las Islas y fuera de ellas. Desde el barranco de San Andrés, con las obras paralizadas y los vecinos en pie de guerra, hasta el escándalo internacional del Canal de Panamá, donde Sacyr perdió más plumas que un pollo a la cazuela. Es verdad que Sacyr se ha especializado en los últimos años en presentar ofertas a la baja y luego revolverse con modificados que obligan a las administraciones a pagar más por las obras. Desde que a alguna lumbrera se le ocurrió hacer desaparecer el concepto de «baja temeraria» de los sistemas de contratación, las ofertas a la baja dirigen la adjudicación de las licitaciones a quienes pujan por debajo de coste. En un mundo ideal, los miembros de la mesa de contratación -funcionarios públicos, secretarios, interventores- deberían rechazar las ofertas que no tienen lógica, pero el nuestro no es un mundo ideal en el que los funcionarios cumplen con su obligación, los políticos son honestos y los jueces íntegros. Con la generalización de las acusaciones por corrupción y tráfico de influencias a los funcionarios, aquí ya no hay quien se atreva a adjudicar una obra a una empresa diferente de la que pide menos por ejecutarla. Todo el mundo se la coge con papel de fumar.

Y eso ha traído este estado de cosas. Pero no es sólo una práctica de Sacyr. Hoy muchas empresas pujan temerariamente por debajo de precio, a la espera de recuperar vía modificados el coste real más los beneficios. Durante muchos años, aceptar eso ha sido la práctica de muchas administraciones: te adjudico por menos de lo que cuesta y luego te acepto las certificaciones que me presentes. Y ahora vamos a hablar del tres por ciento…

Por supuesto que hay casos en que cabe presentar un modificado. Es una práctica necesaria en obras de difícil presupuestación previa, como una carretera, un puerto o un sistema de alcantarillado. Pero es menos justificable cuando las unidades de obra están perfectamente tasadas, como ocurre en general en la construcción de viviendas sociales o edificios. A pesar de ello, en Canarias tenemos ejemplos a tutiplén de obras por las que al final se ha pagado más del doble de lo que se había ofertado. Hasta que alguien dice que no (en este caso el consejero Morera, que va el hombre de alma cándida), y entonces se lía la que se lía: un ejército de inflamadas declaraciones y rasgamientos de vestidura que ocultan el hecho evidente de que aquí vivimos todos instalados en la trampa, hasta que alguien la denuncia.

Añade un comentario

Clic aquí para publicar un comentario