FIRMAS Francisco Pomares

A babor. Humo de pajas. Por Francisco Pomares

El Consejo General del Poder Judicial ha convertido en expediente disciplinario las diligencias informativas abiertas hace ya seis meses al juez Alba, que podrían llegar a suponer la expulsión de Alba de la carrera judicial. Sin embargo, el magistrado seguirá ejerciendo su puesto en la sección Sexta de la Audiencia de Las Palmas de Gran Canaria, a la que está adscrito, dado que la apertura del expediente no incluye la suspensión cautelar de sus funciones, una medida que sí se ha aplicado otras veces, y que había sido solicitada desde algunos partidos, la presidencia del Gobierno de Canarias o la Asociación Jueces para la Democracia.

El máximo órgano de gobierno de los jueces considera que Alba pudo cometer dos faltas muy graves y también una grave, cuando sustituía a Victoria Rosell, que andaba viviendo la experiencia de una vida de diputada podemita. Como se han encargado de contar los medios de comunicación, el juez se reunió en su despacho, el pasado mes de marzo, con el presidente de la Unión Deportiva y empresario de seguridad (y algunas otras yerbas) Miguel Ángel Ramírez, investigado en aquel entonces por fraude fiscal. En ese encuentro, Alba intentó convencer a Ramírez para que modificara su declaración para perjudicar a la jueza Rosell y reforzar de esa manera la querella presentada contra la jueza por el entonces ministro Soria, que calificó la intervención de la jueza en la causa contra Ramírez como «el mayor caso de corrupción de toda la historia de Canarias». Según confesó Alba a Ramírez en su encuentro con él, grabado por el empresario en el despacho del juez, Soria estaba al corriente de la operación contra Rosell. La difusión de las grabaciones de Ramírez, y una denuncia presentada por este contra Alba, iniciaron una escalada de respuestas mediáticas del juez, que filtro a los medios varias grabaciones de escandalosas conversaciones con colegas suyos, y acusó a políticos y periodistas de haber intentado presionarle.

El escándalo, que desbordó la causa por fraude de Ramírez, pasó a ser conocido como «Albagate» a partir de entonces, y tiene ahora una vertiente en la decisión del Poder Judicial de incoar expediente disciplinario. Por desgracia, se trata de humo de pajas: para empezar, solo afecta a Alba y no al otro juez que intentó convencerle de que se reuniera con Ramírez para retirar la denuncia contra él (algo que Alba, por cierto, acaba de hacer), a cambio de que el empresario se ocupara de extraviar el informe encargado a la Guardia Civil sobre sus propias grabaciones, algo que parece claramente delictivo. Además, la acción disciplinaria contra Alba tiene seis meses para tramitarse, pero aunque resultara concluyente, el Poder Judicial no podría dictar sanción alguna hasta que en Canarias se liquide el procedimiento penal abierto contra el juez. Alba seguirá juzgando al menos hasta entonces. Seguirá vistiendo la toga e impartiendo justicia junto a otro magistrado de la Sala Sexta, su compadre Carlos Vielba, al que Alba grabó subrepticiamente mientras negociaba con él tratos y acuerdos ilegales, y al que también ha denunciado.

La foto de Alba y Vielba separados en la Sexta por el juez Emilio Moya, también salpicado aunque de menos consideración por el escándalo de las grabaciones, es más patética que antológica. Todo un retrato del penoso estado moral de nuestra justicia.

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