Cuidado con criminalizar la pobreza, ha venido a decir la Plataforma del Tercer Sector, muy sensible la situación de los más desfavorecidos, de los sin techo, de los que hurgan en contenedores, de los que aún sufren desahucios, de los que no llegan a fin de mes, de los que, en definitiva, subsisten con muchas dificultades. Pero igual de preocupada con el Proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana que significa, en su opinión, un serio quebranto para las personas más vulnerables y, por extensión, para los derechos humanos.
La Plataforma es una organización de ámbito estatal, sin ánimo de lucro, cuya razón de ser es la defensa de lo social así como la promoción de la igualdad entre las personas. Hay siete organizaciones integradas: la ONCE, Cáritas, Cruz Roja, las plataformas de ONG de Acción Social y la del Voluntariado de España, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) y la Red Europea de Lucha contra la pobreza y la exclusión social.
No gusta el citado Proyecto de Ley que, hasta el momento, solo es apoyado por el Grupo Parlamentario Popular de las Cortes, de ahí la advertencia de los riesgos de una criminalización de la pobreza, tal como sucede en otros países de la Unión Europea (UE). Intenta la Plataforma que, en la tramitación correspondiente, sean incorporadas sus apreciaciones. Quizás la coyuntura política se preste a que eso ocurra, mas no deben hacerse demasiadas ilusiones. En cualquier caso, si el presidente Rajoy y otros dirigentes del Partido Popular han hablado de la necesidad de diálogo y consensos para superar bloqueos y desencuentros, estamos ante una verdadera prueba. A ver si es verdad.
La Plataforma ha puesto el foco de sus discrepancias con la norma en ciernes en hechos tales como la sanciones económicas (hasta treinta mil euros) a personas que, por su situación de vulnerabilidad, sufren consecuencias penosas como dormir en la calle, consumir estupefacientes o ejercer la prostitución. Igualmente, manifiesta su rotunda oposición a las denominadas “expulsiones sumarias” que, por lo general, se producen en las fronteras sin asistencia jurídica y, lo que es peor, sin que esté garantizado el cumplimiento de derechos reconocidos internacionalmente.
La Plataforma y las organizaciones que la componen se sitúan pues en la cabecera de quienes, social y políticamente, se oponen a esta Ley. Entienden que las personas deben ejercer sus derechos y libertades en plenitud. Por eso confían en una profunda revisión de los criterios que, hasta el momento, viene sosteniendo el partido gubernamental. Ya se verá el alcance de las posibles modificaciones o, si por el contrario, se mantiene la voluntad política y la preconfiguración legal de lo que se quiere regular.
Precisamente, otras iniciativas del Gobierno, como el Plan Integral de Apoyo a la Familia, el Marco de Actuación de las personas mayores, el Plan Especial para la Igualdad entre hombres y mujeres o la Ley de segunda oportunidad, han sido ponderadas por la Plataforma, bien es verdad que lamentan que no hubieran sido puestas en marcha con anterioridad. Las cifras son las que son: la los desigualdad y la exclusión son dos problemas serios de nuestro país y durante los últimos años se han agravado.
Ahora, cuando arranca la legislatura, cuando ya se habla de reajustes presupuestarios para contener el déficit público, estos problemas sociales de cierta envergadura ponen a prueba no solo la capacidad de gestión del nuevo ejecutivo sino su sensibilidad para tratarlos.
Y hay situaciones que no pueden aguardar mucho más. Que se lo digan a la Plataforma.
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