FIRMAS Francisco Pomares

A babor. Una cierta hartura. Por Francisco Pomares

A pesar de las fervorosas declaraciones de la ejecutiva tinerfeña de Coalición, reunida el martes pasado, los concejales nacionalistas de Puerto de la Cruz no parecen muy dispuestos a presentar una moción de censura contra Lope Afonso, al que convirtieron en alcalde tras las pasadas elecciones, pasándose por el refajo los pactos suscritos por su partido con el PSOE. Si la ejecutiva de Coalición les exige de verdad la censura (las declaraciones de Linares son dignas de figurar en un manual de Alta Escuela Diplomática), los cuatro concejales, uno detrás de otro, abandonaran su acta de concejal, antes de ser expulsados, para seguir incordiando en el futuro, que es lo que se estila ahora, desde que Pedro Sánchez lo puso de moda el sábado pasado. Bueno, eso es lo que nos han contado estos días -siempre jurando mantener el «off the record»- a todos los periodistas que nos hemos acercado a preguntarles.

Otra cosa que han dicho es que no han sido aún convocados por la dirección de su partido para explicarles los motivos de la censura acordada con los socialistas el pasado sábado en la hipersecreta reunión de presidencia del Gobierno en Las Palmas, ésa que estaba en la agenda de hasta los de cuarto de periodismo (en prácticas). En la reunión de marras, es sabido, Fernando Clavijo se comprometió a compensar al PSOE por la jugarreta de Granadilla con una entrega «pret a porter» de los gobiernos municipales de Puerto de la Cruz y Arico, dos ayuntamientos en los que ganó el PSOE las elecciones locales, pero Coalición incumplió los pactos. Fuentes de la ejecutiva regional de Coalición han asegurado -también en «off the record» que al margen de lo que pueda haber dicho la portavoz de Puerto de la Cruz o cualquier concejal, se cuenta ya con el compromiso de tres de los concejales para facilitar la restitución de la alcaldía al PSOE, y que la moción de censura se presentará sin sorpresas antes de tres semanas.

Es posible que ocurra así. O que no ocurra. Lo que no parece de recibo es que el Gobierno siga pendiendo de lo que hagan los concejales de Granadilla, del Puerto de la Cruz, de Arico, de Frontera, de Tacoronte o de cualquier otro pueblo. Las trapisondas municipales son una vieja y recurrente constante en esta región en la que las direcciones de los partidos cada vez mandan menos sobre sus dirigentes y afiliados.

Para garantizar el funcionamiento de las instituciones, es necesario que cada uno asuma sus responsabilidades: que los partidos sean realmente democráticos, que las decisiones internas se adopten con transparencia y por mayoría claras de sus órganos de dirección y que sus afiliados acaten las directrices o -si no las comparten -las intenten modificar con su participación en los debates. Todo eso es de cajón, pero en la política española (en la de nuestra España tropical también) lo que suele ocurrir es que los partidos hacen y deshacen a conveniencia de sus capataces, las decisiones se adoptan a conveniencia del que paga los convites, sin debate de fondo, y los afiliados hacen en cada momento lo que se les antoja. La nuestra es una democracia que cree en los derechos y libertades, pero no en los compromisos y obligaciones. Y así nos va. Y si quieren un pronóstico de lo que va a ocurrir en el Puerto o en Arico o en el Gobierno, lo mejor es que le pidan ayuda a Rappel o algún otro que se gane la vida interpretando las tripas de las ocas. Porque yo no tengo ni zorra idea. Y además, disculpen ustedes, empieza a importarme bien poco.

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