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La economía sumergida pone en peligro la seguridad de las personas y de las obras.

EBFNoticias.- El Colegio de Aparejadores y FEPECO ante el aumento preocupante que se está detectando de la economía sumergida en la industria de la construcción sobre todo en obras menores de reformas y rehabilitación y en las promovidas por comunidades de propietarios,  avisan que este tipo de actividades sin control pone en peligro la seguridad de las personas y de las obras, tanto en su ejecución como estabilidad, solidez y garantía.

Desde el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación  de Santa Cruz de Tenerife se ha alertado a los profesionales colegiados en la imperiosa necesidad de salvaguardar la seguridad en las obras, advirtiendo que no se puede llevar la Dirección de las mismas, habiendo una contrata o personal autónomo sin legalizar. Insisten en que hay que denunciar ante la Propiedad que la Contrata que ejecuta las Obras no está legalizada, si es el caso. Además se recuerda las responsabilidades que se asumen cuando se trabaja con personal irregular. El Colegio está implicado en la lucha contra la economía sumergida basándose en la seguridad y compromiso profesional.

Desde FEPECO se  hace un llamamiento a la ciudadanía para que comprenda y conozca las responsabilidades civiles e incluso penales que se asumen cuando  se hacen obras de reforma o rehabilitación, aunque sean menores, con personal no cualificado, ni legalizado. Además no ofrecen garantía alguna de calidad en la ejecución de los trabajos realizados, ni respuesta en caso de problemas dentro de los periodos que marca la legislación de protección a los consumidores. Coincidiendo con el Colegio de Aparejadores en que lo más preocupante es la seguridad de las personas, ya que no se cumple con la normativa de prevención de riesgos laborales, porque esas obras no están supervisadas por profesionales debidamente preparados y acreditados reglamentariamente. Sólo las empresas y autónomos legales,  con capacidad competente, son el aval suficiente para efectuar las obras de reforma y rehabilitación.

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