FIRMAS Francisco Pomares

A babor. La «Ley Plasencia». Por Francisco Pomares

En los últimos días, algunos medios, fundamentalmente medios grancanarios, han denunciado la propuesta parlamentaria del Cabildo de Tenerife sobre la Ordenación de los barrancos de Güímar, a la que han calificado como «Ley Plasencia», dado que tiene por objeto restaurar los destrozos realizados por una serie de explotaciones de áridos, parte de ellas propiedad de Antonio Plasencia, uno de los dos empresarios del caso Las Teresitas. La atención informativa sobre esta propuesta, que se arrastra legislativamente por la Cámara regional desde el año 2014, se produce cuando los negociadores del pacto entre el PSOE y Coalición incorporan en los documentos del acuerdo la necesidad de consenso parlamentario en torno a ella, colocándola al mismo nivel que la Ley del Suelo, lo que ha disparado las sospechas sobre las intenciones y objeto de la ley.

El hecho es que hay una sentencia por delito ecológico contra Antonio Plasencia y otros tres areneros, que -a cambio de librarlos de ir a prisión- les obliga a hacerse cargo de la restauración de los agujeros que perforan el barranco güimarero, por un total de 208 millones de euros, de los que Plasencia tendría que aflojar 66. De tener que poner esa pasta es imposible que se libren los empresarios, y serán ellos -por tanto- quienes paguen el grueso de la restauración. Pero la iniciativa legislativa del Cabildo se plantea algo más. Pretende que esa restauración se haga de acuerdo con un plan de reposición, dado que en el barranco no solo hay que tapar los agujeros -Plasencia ya ofreció un primer proyecto por tan solo cuatro millones de euros….-, que se restaure el territorio a sus condiciones originales, declarando el suelo como rústico de protección ambiental y se liquiden las explotaciones mineras aún vigentes. Como quedan algunas no afectadas por la sentencia, cancelar cualquier derecho que existiera en ellas puede ser una pasta gansa. Y esa es la madre del cordero, porque hay informes del Gobierno que confirman los derechos en vigor, y nadie quiere aflojar un dineral, que algunos han llegado a valorar en centenares de millones de euros. Más de lo que supone el desfase de la Sanidad Pública, para entendernos.

Por eso, el Consejo de Gobierno, con el apoyo de los consejeros socialistas, se comprometió a tramitar la ley en el Parlamento, pero solo si no comporta perjuicio patrimonial a las arcas canarias.

Lo que pasa es que en el PSOE hay quien piensa que esto puede acabar como en Tindaya o Montaña Rayada. Son los que plantean que no hace falta promover una ley canaria, y que la ordenación se puede hacer perfectamente a través del Plan Insular de Ordenación de Tenerife. Esa es la discusión de fondo: cómo debe ordenarse ese territorio y cómo y quién pagar las indemnizaciones y lo que se gaste de más por encima de la sentencia. Es un debate lógico que debería realizarse desde posiciones razonables. Pero es que en estas islas se ha robado tanto, y tantas veces mientras las administraciones miraban hacia Cuenca, que al final el trámite parlamentario se ha envenenado de mentiras y sospechas.

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