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JUICIO LAS TERESITAS. La defensa solicitará «tachar» a Pía Oramas como perito en el proceso

EBFNoticias/María Montero.- Algunos abogados de la Defensa en el juicio de Las Teresitas, solicitarán “a su debido tiempo”, tachar a la ex-arquitecta municipal Pía Oramas como perito en el proceso, al presentar la técnico un expediente de “información reservada”. Sin embargo, Oramas sostiene su ratificación en la tasación realizada por 3.200 millones de pesetas de los terrenos del frente de playa en su informe.

El juicio de Las Teresitas ha alcanzado uno de sus momentos más álgidos, al exhibir Pía Oramas, uno de los sustos mediáticos del proceso judicial, que ha provocado un receso en la Sala, y breve reflexión de los jueces en deliberación, en relación a otra revelación “clave” presentada por la ex-arquitecta municipal. Parecía una jornada más “tranquila” en la vista oral de la pericial practicada en esta fase del juicio, pero al contestar la perito Oramas al interrogatorio de la Acusación Popular, con un expediente de “información reservada” acerca de un posible “expediente sancionador” ha provocado un cortocircuito en el juicio.

El expediente citado está versado en una posible apertura previa a una sanción a Pía Oramas, por opinar sobre el expediente de Las Teresitas en una reunión mantenida en el Cabildo de Tenerife el 13/12/2000, con la Consejera de Planificación Mónica Méndez. Esta pesudo-denuncia in situ en la Audiencia Provincial, ha provocado un silencio sepulcral en la Sala, un receso y una larga lista de protestas de algunas defensas de los encartados.

La vaguedad ambigua en el tono de las preguntas de la Acusación Popular a la arquitecta Pía Oramas, incluso descrita por ella dirigiéndose al letrado Pérez Ventura alegando que “No entiendo el sentido de las preguntas tan obvias que realiza”, no ha impedido que Oramas ilustrara a la Sala con afirmaciones-denuncia de hechos que en función del cristal con qué se mire, podrían o no girar el concepto de presión sufrida por la arquitecta. “Durante el año 2000 salió una circular que prohibía emitir manifestaciones a los técnicos sobre el informe de las Teresitas, sin las autorización del concejal de Urbanismo Manuel Parejo” relataba Pía Oramas, dejando entrever el control de fondo respecto a la información de Las Teresitas, y la presunta presión recibida, porque la Acusación Popular no le ha preguntado abiertamente si fue “amenazada” en algún momento, ni Oramas ha hecho alusión a presiones directas en el ayuntamiento.

“Había reuniones con personas relacionadas con el expediente de compra-venta del frente de playa, a las que acudían Epifanio,  Mauricio Hayek, Luciano Parejo, Rodolfo Núñez, Ignacio González, Manuel Parejo…Desconozco por qué estaba presente el ex-presidente de Caja Canarias Rodolfo Núñez, pero si tengo la sensación de que en las reuniones y en relación a Tinsa y su tasación, daba la impresión de que los técnicos municipales que acudíamos estábamos equivocados…Tengo la sensación de que querían convencernos de subir el precio de los terrenos por encima de la tasación de 3.200 millones de pesetas que figura en mi informe. Hubo un montaje de reunión en el que expuse mi trabajo, pero no me dicen directamente que suba el precio de los terrenos, aunque Hayek estaba muy nervioso mencionando la sentencia del Tribunal Supremo como aval de la compraventa”, sostiene la arquitecta municipal Pía Oramas, previa a la exhibición del expediente sobre una posible sanción contra ella.

La Acusación Popular ha solicitado la admisión del documento, y la Fiscal María Farnés, mucho más contundente que Pérez Ventura, ha esgrimido en voz alta idéntica solicitud de admisión, así como una pregunta en el aire acerca del “miedo de Pía Oramas a ser sancionada si seguía hablando del expediente de Las Teresitas”.

El Juez Astor Landete ha resuelto admitiendo diligente y sin perjuicio de la declaración de los encartados afectados, el expediente aportado por Pía Oramas a la causa, denegando las actuaciones ante el ayuntamiento del expediente completo solicitado por una de las defensas.

El abogado del ex-alcalde Miguel Zerolo ha protestado ante este documento, amparándose el letrado defensor Jorge Muñoz, en el artículo 729 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, además de la consabida indefensión. Tono elevado de protesta por el abogado José Luis Gutiérrez, Del Torco alegando la calidad de extemporáneo, junto a otras defensas apuntando directamente a un motivo de “animadversión de Pía Oramas contra el ex-concejal de Urbanismo Manuel Parejo”.

“Las reuniones con Tinsa eran unidireccionales porque los técnicos no podíamos opinar, y cuando me presentan un expediente con una tasación de 8.700 millones de pesetas, no lo firmo al no conocer los detalles, aunque el técnico Víctor Reyes (encartado) me advirtió de posibles consecuencias” declaraba Pía Oramas, elevando la temperatura de la Sala, Sus afirmaciones técnicas, así como direccionadas a la presión recibida en 2001, junto con el expediente, ha provocado un movimiento en algunas defensas para tachar a Pía Oramas como perito en este juicio en la Audiencia Provincial. Las defensas alegaron  contrariamente “La motivación para exponer estos hechos 15 años después, tachando de error procesal sus actuaciones en la Sala, así como provocar su propio descarte en el proceso judicial”, en comentarios análogos al juicio en el receso propuesto por Landete.

José Luis Estevas asiente en la bancada de los peritos citados, como apoderado de SOTASA (Sociedad de Tasación), ha prestado declaración con voz temblorosa, defendiendo la reputación de esta empresa tasadora. “Existe un código de honor respecto al cliente sobre la empresa, y mientras una tasación está viva, el proceso se realiza en ordenador, no se puede modificar nada, en todo caso anotaciones, pero una vez concluido el expediente de una tasación se congela, y es imposible cambiarlo. Hecho que el Banco de España conoce perfectamente” apostilla Estevas mientras concluye con “No entiendo como el “Anexo B” del informe desapareció, siendo  las mismas parcelas con condiciones de edificabilidad diferentes, con distintas tasaciones”. Concretamente se refiere a dos tasaciones  estimadas entre 3.400 millones de pesetas a 7.800 millones de pesetas, realizadas por SOTASA, con una diferencia de 4.400 millones de pesetas  aproximadamente. En otro aspecto, Pía Oramas no firmó un informe de 8.700 millones de pesetas por no conocerlo al detalle, y Tinsa había elaborado un informe sobre 10.500 millones de pesetas tasando los terrenos del frente de playa.

La otra batalla dialéctica soterrada en este juicio, es una diversidad de criterios técnicos contrapuestos entre peritos consultados en el proceso. El bando técnico afín en postulados urbanísticos entre la arquitecta Pía Oramas coincidente en opiniones técnicas, con los peritos judiciales, por otra parte acusados por Javier Domínguez Anadón estos técnicos judiciales de “crear una trama”, se enfrenta técnicamente a la pericia de los otros expertos propuestos por la Defensa. Anadón y Gerardo Roger junto con otros profesionales, defienden la aplicación de la Ley del Suelo de 1956, mientras que Pía Oramas y los peritos judiciales alegan a la posterior modificación de la Ley del Suelo en 1975, así como otras premisas legales.

Pía Oramas defiende de la tesis de que “Santa Cruz queda fuera de ámbito de referencia turística excepto el suelo urbano consolidado no turístico. Las Teresitas, son suelo urbano no consolidado ratificado tres veces por la COTMAC, definido como suelo urbano en régimen transitorio. El suelo urbano consolidado tiene que tener alumbrado, vías públicas, de  lo cual carece el frente de playa, además de ser calificado en un 70% como turístico, descartándose la posibilidad de construir hoteles urbanos en esta  área”.

Por otra parte, un perito da por hecho los derechos adquiridos por los propietarios de los terrenos de Las Teresitas, y la responsabilidad patrimonial del ayuntamiento. “El informe de planeamiento debería reubicar los derechos de edificabilidad, habiendo utilizado demasiado tiempo durante 8 años. El plazo de la moratoria entre 2 a 3 años sin edificar, supone una pequeña variación el el precio de los terrenos”. Sumado a esta tesis, la aprobación del Proyecto de Urbanización por silencio administrativo en 1988, defendida por los peritos.

Sin embargo Pía Oramas, alude a “No hago tasación de parcelas sino valoración del aprovechamiento urbanístico de los terrenos”, hecho al que se suma el perito Gerardo Roger, alegando que “Las zonas públicas no generan aprovechamiento urbanístico”. La normativa permite la edificabilidad de las parcelas, según otros peritos señalando en el juicio la Línea Marítimo Terrestre y los 179.000 metros  del frente de playa de Las Teresitas objeto de ser construíibles en función de los precepto legales.

Utilizando las normativas vigentes y derogadas, resulta harto complicado observar en el juicio como cada perito argumenta con afable insistencia urbanística el objeto de su tesis, opuestas diametralmente, a conciencia de que marcarán tendencia en la resultante de la sentencia. ¿Era edificable o no eran edificables los terrenos de Las Teresitas? ¿Las tasaciones del frente de playa a la “baja” fueron correctas, o por el contrario las tasaciones a la “alta” son las adecuadas?

Aún persiste un gran debate político en la sociedad canaria, actualizado del 2001 cuando se compraron los terrenos de Las Teresitas por el ayuntamiento de Santa Cruz en 52 millones de euros, actualizado al 2016 con la polémica Ley del Suelo en Canarias, centrada una gran discusión entre juristas, arquitectos, y políticos. Y una pregunta en el aire, si se solicita en el Congreso de los Diputados la comparecencia del Presidente en funciones, Mariano Rajoy, por la trama Gürtel juzgándose en la Audiencia Nacional, ¿por qué no se insta al Presidente de Canarias, Fernando Clavijo, a comparecer por el juicio más importante de la historia del Archipiélago? ¿Nadie va a pedir comparecencias a las autoridades, ni en ningún pleno? ¿Por qué ese mutismo de concejales de Santa Cruz, consejeros del Cabildo de Tenerife, y diputados canarios?

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