La inhabilitación por tres años del exalcalde de Candelaria Gumersindo García y su antiguo concejal de urbanismo, Domingo Ramos, confirma que la política municipal se está convirtiendo en una actividad de altísimo riesgo. A Sindo García y su concejal se les considera responsables de haber prevaricado al adjudicar sin concurso público las obras de un vestuario del campo de fútbol de Barranco Hondo a una empresa de Antonio Plasencia. El Juzgado ha condenado al exalcalde y a su concejal a tres años de inhabilitación especial para ejercer cualquier empleo público, considerando que los condenados fraccionaron las obras, de forma premeditada, en tres actuaciones distintas valoradas en menos de 60.000 euros. De esa manera sortearon tener que acudir al preceptivo procedimiento de concurso público abierto. Para agravar más la cosa, Promotora Puntalarga, la empresa de Plasencia, facturó finalmente 325.000 euros por un vestuario que por su coste parece más propio de El Escorial que de un campo de fútbol de barrio, que fue adjudicado por el morro, y además en contra del criterio de la que era entonces técnico municipal, Raquel Rosa Orihuela.
No entro a valorar la sentencia, aún apelable. Pero vuelve a demostrar que la Justicia se está poniendo muy dura con una práctica recurrente de las administraciones públicas, consistente en fraccionar en facturas menores obras únicas, para adjudicar de ese forma a quienes se quiere adjudicar, o para hacerlo con urgencia. Hasta hace algunos años esa era una práctica generalizada y recurrente, recomendada ante la que muchos interventores, técnicos y secretarios hacían la vista gorda, o incluso recomendaban como mecanismo para sortear los inconvenientes y retrasos de acudir al procedimiento reglado.
Pero los tiempos cambian, y cambia con ellos la actitud de los técnicos y profesionales. Son ya unos cuantos centenares los funcionarios que han sufrido en toda España condenas de cárcel o inhabilitación por ceder ante la presión constante de sus políticos para hacer lo que ellos quieren. Algunos que se negaron tuvieron que dejar sus empleos, aunque a cambio se libraron de acompañar a sus señoritos al banquillo, como le ocurrió a Raquel Rosa Orihuela, cesada en Candelaria tras negarse a cambiar el sentido de su informe negativo. Y es que lo que era socialmente asumible hace unas décadas -dejar que el alcalde hiciera de su capa un sayo, siempre que no se metiera los cuartos en su propio bolsillo- hoy ya no lo es. Los funcionarios andan escamados: no quieren verse envueltos en líos que no son de su incumbencia y extreman las cautelas convirtiéndose incluso en un factor de retraso en la tramitación de los expedientes y las adjudicaciones.
Es el signo de hoy en las Administraciones, y hay que aprender a bregar con él. Quien quiera dedicarse a la política, especialmente a la política municipal, y no acabar imputado o condenado por asuntos que antes se consideraban alcaldadas de menor enjundia, tendrá que hacer antes un cursillo acelerado sobre cómo funciona la administración pública. Y aceptar que ahora todo el mundo vigila a todo el mundo, sobre todo porque los partidos han abusado de la denuncia como arma política, más preocupados por destruir al oponente que por garantizar la decencia y el sentido común en la gobernación de las cosas públicas. Es razonable que haya mucho técnico recocido por las presiones y mucho interventor escaldado que huyen incluso del agua fría.
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