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A babor. La bronca del cierre. Por Francisco Pomares

El Gobierno de Canarias aprobó ayer incluir una serie de excepciones al adelanto del cierre del presupuesto, entre ellas las que más preocupaban a los socialistas, relativas al gasto social en dependencia, sanidad y empleo, pero también las que afectan a las inversiones del IGTE. El acuerdo, cerrado antes de la reunión del Consejo directamente por Fernando Clavijo y Patricia Hernández, supone la demostración de que en política las cosas pueden cambiar a velocidad de vértigo. Pero el viernes la cosa se puso muy cruda. A veces, una formalidad en apariencia trivial e intrascendente puede ser la chispa que encienda el fuego. Sobre todo si el terreno que se pisa esta trufado de yesca seca. Ese es el caso de las relaciones entre el PSOE y Coalición Canaria, donde hay mucha gente dispuesta a tirar de mechero a la primera que se tercie.

La cosa es que el Consejo se celebró ayer con absoluta normalidad, como si la semana pasada no hubiera ocurrido nada. Y vaya si pasó: el Gobierno estuvo a punto de romperse. El detonante no fue la censura de Granadilla, ni la crisis presupuestaria de Sanidad, sino una precipitación burocrática, relativa precisamente a la publicación en el Boletín Oficial del cierre adelantado del presupuesto de 2016.

En un ambiente de extrema tensión, fruto de la desconfianza instalada en el PSOE por los ataques del presidente Clavijo a Morera y por la censura en Granadilla, la decisión de publicar la orden de adelanto del cierre presupuestario estuvo al borde de iniciar un conflicto irreparable. El jueves 15, la consejera Rosa Dávila solicitó una reserva en el Boletín Oficial de Canarias, para publicar una orden de la consejería el sábado 17, día en el que normalmente no se saca el boletín. Sorprendido por la petición, el consejero de Presidencia, Aarón Afonso, de quien depende orgánicamente la edición del BOC, informó a Patricia Hernández. Ambos interpretaron que la petición tenía por objeto «colar» el adelanto de cierre sin pasarlo previamente por el Consejo de Gobierno, y acordaron bloquear la publicación, en caso de que finalmente fuera remitida. El viernes por la mañana, Afonso habló con Rosa Dávila y le dijo que la orden de adelanto de cierre no iba a publicarse sin pasar antes por Consejo, una exigencia sólo interpretable como un pulso político, dado que reglamentariamente no se precisa que esa orden de Hacienda sea sometida al visto bueno del Gobierno. Pero el asunto no había sido adelantado ni acordado previamente por Clavijo con Patricia Hernández, quizá porque en toda la semana no habían tenido la ocasión de hablar. Ante la situación creada, Dávila trasladó la información de Afonso a Clavijo, que decidió llevar al Consejo que se celebró ayer el debate sobre el cierre, incorporando las peticiones socialistas. Al final, el Consejo discurrió como una seda.

Despejado el panorama del adelanto del cierre «por prudencia», que tanto preocupa al presidente Clavijo, la continuidad del Gobierno queda aún pendiente de resolver la incógnita de cómo se resolverá el contencioso de Granadilla. La Comisión de Seguimiento del pacto se reunió ayer en el Parlamento para encontrar una solución «sin vencedores ni vencidos», sobre la base de impedir que la moción de censura contra el alcalde González Cejas no va a prosperar, pero sin que sea necesario expulsar a los concejales de Coalición. Algo que a priori -si los concejales de Coalición en Granadilla no modifican su posición inicial- parece hoy, más que difícil, imposible.

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