Un millón de cuentas bancarias canceladas por carencia de Documento Nacional de Identidad (DNI). Se dice fácil. Pero la Ley de Prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo era tajante y las consecuencias se están contrastando ahora. En 2015, había 71 millones de cuentas corrientes en nuestro país pero aún no se dispone de cantidades exactas, sobre el programa de cancelaciones: hasta es probable que sean dos millones de cuentas En Canarias, algunas informaciones apuntan que han sido más de cincuenta mil las cuentas canceladas.
Todo da a entender que un cúmulo de circunstancias pone al descubierto los efectos de un trámite legal: hay un desinterés por la carencia de fondos, está el problema de los ancianos con dificultades para operar, los fallecimientos no comunicados. Además, los inmigrantes y clientes que han cambiado su lugar de residencia. A ello cabe añadir la existencia de cuentas con productos asociados que revisten dificultades de diverso tipo, desde tarjetas que no se utilizan a valores o planes de pensiones, muchos de los cuales ni siquiera tienen saldo a favor.
No andan los ciudadanos sobrados de recursos, de manera que llega a sorprender que haya tantas cancelaciones. Con el dinero no se juega y es difícil desentenderse cuando indispensable resulta para el sustento diario. Habrá que aguardar los totales y los destinos del dinero no reclamado de las cuentas canceladas, aunque la Ley tenga previsiones al respecto, incluso desde el punto de vista de tiempo de custodia y opciones de reclamación.
Pasado ese tiempo (veinte años, si no estamos equivocados), es fácil deducir: devolución a Hacienda. La vida sigue igual.
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