FIRMAS Francisco Pomares

A babor. La penúltima corona. Por Francisco Pomares

Una reciente sentencia de la sala de lo contencioso administrativo del TSJC -contra la que ya solo cabe recurso de casación ante el Supremo- vuelve a poner de manifiesto la política de control de los medios de comunicación y la adjudicación arbitraria de licencias de radio a los amiguetes perpetradas por el paulinato. La sentencia considera inválida la valoración de las ofertas presentadas para optar a licencia, una valoración realizada por la Viceconsejería de Comunicación del Gobierno, dirigida entonces por Martín Marrero, hoy refugiado bajo las faldas de otro patrón. Según la sentencia, queda probado que el Gobierno decidió modificar arbitrariamente las condiciones de valoración de esas ofertas, después de que se hubieran presentado. La sala ordena revisar nuevamente todas las valoraciones, atendiendo a los criterios inicialmente establecidos. En la práctica, la sentencia supone retrotraer el concurso al momento de apertura de plicas, lo que implica una probable readjudicación del total de las licencias, atendiendo a los criterios iniciales y no a los que alguien -siguiendo instrucciones de Rivero- se sacó de la manga en mitad del procedimiento.

Se trata de un asunto técnicamente complejo y políticamente muy grave, que demuestra que Rivero abusó de su poder como presidente del Gobierno, y de los recursos de la Presidencia, pagados por todos nosotros, y utilizó todo tipo de mecanismos para sacar del mercado de los medios a quienes consideraba políticamente desafectos. La broma supuso el cierre de un montón de pequeñas emisoras y la pérdida de 300 puestos de trabajo en un momento en el que el mundo periodístico canario -agotado por la crisis- pasaba además terribles apuros. A cambio, dos o tres empresarios -entre ellos Miguel Concepción, empresario de cámara del paulinato- recibieron la mayoría de las licencias, que ni siquiera se molestaron en poner en marcha en tiempo y forma, de acuerdo con las condiciones de adjudicación. Fue una vergüenza, a sumar a la vergüenza de lo ocurrido con los contratos de la televisión canaria -con Willy García imputado-, el escándalo de las adjudicaciones de la televisión digital, la persecución judicial y económica de medios molestos, o las ayudas publicitarias a los periódicos y emisoras que se pusieron a tiro, a cambio de alguna que otra cabeza de periodista incómodo.

Al final, todo acaba por saberse, y la justicia -aunque lenta- tiende a ser inexorable. Esta sentencia no es solo la penúltima corona a la memoria infame del paulinato. También puede ser un elixir de vida para muchas de sus víctimas mediáticas. El mero hecho de que la justicia desvele el tinglado que se montó para perjudicar a unos y favorecer a otros ya supone un alivio: confirma que tenían razón todos los que -incluso desde el partido de Rivero- renegaron de aquel concurso amañado. Ahora están en el Gobierno precisamente quienes -desde Coalición y el PSOE- levantaron la voz contra aquel torticero desmán. Tendría su cosa que esas mismas personas, atendiendo al criterio de unos Servicios Jurídicos que resultaron incapaces de velar por la decencia en aquella adjudicación, acudan ahora a una costosísima e inútil casación, pagada con dinero de todos y que retrasaría lo que es de justicia otros cuantos años. El Gobierno está en su derecho a recurrir, por supuesto. Pero al hacerlo no estaría defendiendo el interés general (no hay ninguna reclamación económica contra el Gobierno, aparte las costas), sino retrasando la reparación del daño causado.

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