FIRMAS Francisco Pomares

A babor. En el momento preciso. Por Francisco Pomares

El Gobierno de Canarias aprobará una ley de crédito extraordinario, para poder incorporar a los Presupuestos 123 millones de euros por exceso de recaudación a lo largo de este año. El asunto parece de puro trámite, pero presenta perfiles que anuncian futuras complicaciones. Porque lo que ha hecho el Gobierno regional, que dice contar con los informes técnicos necesarios, es ampararse en el aumento del PIB canario en 0,4 puntos, pasando del 2,8 al 3,2, para forzar la regla de gasto. Es una buena noticia que suba el PIB, indica que mejora la situación económica global de las Islas, y -aunque el exceso de recaudación también significa que siguen cardando la poca lana que nos queda- no es malo que se recaude más sin aumentar la presión fiscal. Pero recaudar más no basta para poder gastar más: siguiendo instrucciones de Bruselas, el Gobierno de España definió el concepto de techo de gasto en la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, del 2012, y amarró a ese concepto los Presupuestos, tanto del Estado como del resto de las administraciones.

Regiones, municipios y cabildos no tenían antes de la ley limitación alguna y eso provocó que durante los años de bonanza, cuando las administraciones vieron muy mejorados sus ingresos, crecieran los gastos fijos, sobre todo por aumento de las plantillas. Con el inicio de los problemas económicos, los ingresos públicos se despeñaron, pero había que seguir haciendo frente a los gastos y al pago de sus deudas. Fue entonces, en el momento álgido de la crisis, cuando se decidió imponer el famoso techo o regla de gasto de la que ahora habla todo el mundo: sin entrar en muchas precisiones técnicas, la regla se calcula tomando como referencia el presupuesto liquidado del año anterior, que se multiplica por un coeficiente que fija cada año el Ministerio de Economía, atendiendo al PIB, y no a los ingresos. Con los remanentes, si los hay, se paga la deuda.

Lo que ha hecho el Gobierno de Canarias ahora es una operación de ingeniería presupuestaria, basada en el aumento del PIB y la previsión de recaudación, y le han salido 123 millones, de los que va a dedicar la mitad a liquidar lo que se debe a los empleados públicos por su paga extra (estamos en campaña electoral) y la otra mitad a gasto social en sanidad y educación. Es un dinero recaudado en Canarias, que sale de nuestros bolsillos y que se dedicará en una gran parte a pagar la decisión electoral del Gobierno Rajoy de devolver la paga extra.

Sabiendo que iba a recaudar más, el Gobierno de Canarias, que ha cumplido sus compromisos en contención del déficit, venía solicitando a Economía que permitiera gastar lo recaudado, pero solo obtuvo la callada por respuesta. Ahora ha tomado el camino del medio, ha revisado el PIB y ha adaptado el presupuesto, atendiendo al criterio legal de que son las Comunidades Autónomas quienes aprueban (en su ámbito) el límite de gasto, que debe ser coherente con el objetivo de estabilidad presupuestaria establecido por la ley y con el coeficiente aprobado por el Gobierno de la nación.

Sin sacar pecho ni presumir de ser el «macho alfa» de la política canaria, Clavijo ha aprovechado que los ministros andan en campaña para tomar el control de su propio presupuesto. Lo ha hecho en el momento preciso, de manera silenciosa y discreta. A ver si cuela. De momento, el Estado no ha reaccionado. Ya veremos qué pasa…

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