FIRMAS Francisco Pomares

A babor. Región rica, región pobre. Por Francisco Pomares

Lo que importa ahora -o debería- es la nada sutil amenaza de Álvaro Nadal, ese capitán de asesores que comparte el desayuno con Rajoy más que su señora esposa, y que lanzó la semana pasada el globo sonda de que la financiación de las Comunidades Autónomas ya no se va a discutir con ellas en la Comisión de Política Fiscal y Financiera, sino que debe pasar al Congreso y decidirse por el voto de la mitad más uno. Produce un poco de vértigo que la idea de dejar fuera a las regiones de la discusión sobre el reparto de los recursos con los que atienden a los ciudadanos, parta de esa oficina económica de Moncloa que lleva meses insistiendo en reducir la solidaridad interregional, como propondría un independentista catalán cualquiera. Uno tenía la impresión de que el centralismo del PP era una suerte de herencia jacobina, un deseo de mantener el peso del Estado frente a veleidades autodeterministas. Pero la política española produce extrañas sorpresas: ahora resulta que los jacobinos quieren que Madrid y Cataluña y Valencia se queden con lo que recaudan, y que las regiones de la cola, Extremadura, Andalucía, Galicia y Canarias, se las apañen como buenamente puedan. Y que sea el Congreso quien decida, para que las regiones peor tratadas en el reparto sientan claramente que la responsabilidad del abandono de la periferia es del centro. Una idea muy lúcida: Nadal y los que piensan como él alientan el cabreo de los territorios pobres con el Estado. El descaro de la propuesta es tan grande que se ha encendido hasta el gallego Feijoo, y eso que en el PP no son muy de ponerse fieros con Madrid. Pero es que estamos jugando con cosas de comer. Nadal tiene claro que hay que aplicar entre los territorios el mismo registro que el PP ya aplica a los ciudadanos, que es reducir la carga fiscal a los más ricos, aunque eso suponga que los pobres lo pasen cada vez peor y el Estado siga endeudándose hasta las cejas.

Para justificar este nuevo cambio de criterio, siguen hablando de los casi 300.000 millones que deben las Comunidades Autónomas. Es mucho dinero, desde luego, pero si las regiones lograran pagar lo que deben, el Estado seguiría debiendo un billón de euros. Porque es el Estado el que menos cumple sus propias obligaciones: en el primer trimestre de este año, por ejemplo, mientras las regiones -todas- han logrado reducir el déficit en relación con los tres primeros meses de 2015 (algunas, como Canarias, se han colocado en una décima de superávit) el Estado ha seguido empeorado sus cuentas, mientras Rajoy se permite alegremente reducir el IRPF en campaña electoral. Europa está con la mosca detrás de la oreja, pero el Gobierno en funciones sigue dando lecciones a los tontos que cumplen.

Y ahora tantean que la financiación de las regiones se apruebe al margen de las Comunidades Autónomas. Encaja con la idea -acariciada por Rajoy- de un futuro Gobierno del PP y Ciudadanos, fuertemente condicionado en su actuación por axiomas y recetas centralistas. Peligroso asunto: en el pasado, las tensiones del Estado con las Autonomías se explicaron en clave histórica y de derechos nacionales. El Gobierno Rajoy, sin embargo, parece empeñado en imponer por mayoría una nueva geografía de conflictos territoriales, basado en la lucha de clases entre regiones ricas y regiones pobres.

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