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Canarias, por los suelos. Por Odalys Padrón

El mercado del suelo en España está determinado por el nivel de corrupción, no responde a las leyes de oferta y demanda, dado que depende de las decisiones totalmente arbitrarias y en la inmensa mayoría de los casos sujetos al correspondiente soborno de un reducido grupo de personas que deciden donde se puede construir. Una parte de lo que pagamos por el inmueble, y que incrementa enormemente el costo, se debe al posible soborno pagado por el constructor o promotor. Podríamos decir que una de las mayores estafas perpetradas a la humanidad son las recalificaciones urbanísticas ya que parecen creadas para enriquecerse gracias a la corrupción.

Por lo expuesto anteriormente no es de extrañar que la ley del suelo de 1998 mal llamada ley de la liberalización del suelo, promovida por el Ejecutivo de Aznar e ideada por Rodrigo Rato, fuera, considerada por muchos, la antesala del ineficiente, voluminoso y corrupto organigrama que dirige hoy España. Una ley tildada de «capitalismo de amiguetes» que favoreció a los terratenientes, grandes empresarios y a los políticos de Ayuntamientos y Comunidades Autónomas. La recalificación se convirtió en un magnífico caldo de cultivo para la corrupción y los pelotazos donde la figura del Concejal de turno era la clave. Ejemplos en los juzgados hay por doquier. Una ley que otorgó una potestad muy amplia a los Ayuntamientos y Comunidades Autónomas que eran los que decidían que suelos podían ser recalificados y cuáles no.

En Canarias gobierna Coalición Canaria (CC) y el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) debido a una ley electoral antidemocrática totalmente desproporcional. Para elegir el Parlamento Canario compuesto por 60 diputados donde un voto de una persona empadronada en una isla no capitalina, de menor tamaño y menos habitada, tiene el mismo valor que 17 votos de los empadronados en las islas mayores y más pobladas. No hay equidad en la votación, una persona no es un voto. Este sistema «ilegal» electoral lo tiene bien atado Coalición Canaria más conocida como «Corrupción Canaria» que ahora con Fernando Clavijo, presidente del Gobierno de Canarias, a la cabeza ha decidido emprender la aprobación de una ley del suelo denominada por muchos canarios como «ley para la corrupción» ya que favorece que aparezcan nuevos casos de corrupción.

Nuevos casos de corrupción porque Coalición Canaria está o ha estado inmersa en pelotazos urbanísticos como el Caso de Las Teresitas o el Caso Arona donde se han sentado en el banquillo más de 13 acusados, la totalidad del grupo de gobierno de Coalición Canaria además de empresarios, funcionarios y arquitectos, y donde aparecen más de 262 testigos, una trama de corrupción con más de 205 licencias municipales concedidas de forma irregular así como el pago de comisiones que dejaron al municipio prácticamente en bancarrota. De hecho Canarias, con la ley actual, dotada de mayores controles que el anteproyecto aquí descrito, es la cuarta Comunidad Autónoma con más casos judiciales por supuestos delitos urbanísticos, donde más del 40% de los ayuntamientos están afectados por casos de corrupción.

Con este panorama el Presidente del Gobierno Canario, Fernando Clavijo, Coalición Canaria, respaldado por su socio de gobierno, el Partido Socialista Obrero Español, intenta aprobar una Ley del Suelo que permitirá la consecución de proyectos sin tener en cuenta si son compatibles con el modelo por el que se apuesta y si son de interés general. A través de sus 408 artículos, 15 disposiciones adicionales, 23 transitorias, 1 derogatoria, más 7 finales se fomenta la arbitrariedad, la desregulación y la discrecionalidad. Así el artículo 124 y siguientes habla de los «proyectos de interés insular o autonómico» cuyo objeto es aprobar para su inmediata ejecución de forma autónoma y sin que esté contemplado en la planificación proyectos de actividades industriales, energéticas, turísticas, culturales, deportivas, sanitarias o de otra naturaleza cuya incidencia territorial sea relevante, pudiendo ser promovidos por iniciativa privada y sin ningún tipo de contención territorial en cuanto a su magnitud. Esto quiere decir que mientras cualquier ciudadano para acometer cualquier actuación urbanística en su casa, como un simple cuarto, debe realizar innumerables trámites y cumplir con los planes urbanísticos, los grandes empresarios que tengan un «amigo» en el Gobierno pueden construir desde una planta regasificadora a un gran hotel simplemente hablando con el Gobierno de Canarias sin necesidad de cumplir con las regulaciones que cumplimos el resto de administrados. Ejemplos como éstos hacen sospechar que la corrupción «presuntamente» campará alegremente por los despachos públicos.

También es importante remarcar el artículo 155 relativo a las ordenanzas municipales e insulares con la que se dota de unas normas urbanísticas hasta que se aprueban los planes generales sin control ni participación. Resumiendo, se prioriza la realización de cualquier tipo de proyecto sin tener en cuenta las determinaciones de los planes de ordenación para el suelo en el que se pretende ubicar. O el artículo 169.1 que le otorga potestad al Gobierno de Canarias, de oficio o por iniciativa propia, para suspender la vigencia de cualquier ordenación para su modificación o adaptación, en todo o parte, tanto de su contenido como de su ámbito territorial. Y para rematar el artículo 61.11 fomenta que el suelo rústico pueda ser usado para otra serie de actividades que nada tienen que ver con el sector agrario. Entre ellas usos deportivos, de ocio y científicos.

Y si todo esto no fuera suficientemente desolador y alarmante los arquitectos denuncian que en este anteproyecto se sigue manteniendo la corrupta figura del agente urbanizador, denunciada en Estrasburgo por atentar contra la propiedad privada. Según explican estos profesionales el modus operandi consiste en que si se quiere realizar una urbanización en un sector de suelo que la planificación urbana haya previsto como transformable no necesita comprar el suelo ni contar con la propiedad. Puede presentar el proyecto, que la administración pública lo apruebe, construirlo y, por último, pasarle la factura al propietario. Si este se negara a pagarle, por algo que, además, no le encargó, usted podría expropiarle de forma privada sus terrenos. Por esta razón, solo necesita un buen amigo en el gobierno municipal o sobornar a algún alcalde o concejal para forrarse a costa de los demás. Esta figura, que nada tiene que ver con las prácticas que se darían en un entorno de libre mercado, es la más vergonzosa de todo nuestro ordenamiento jurídico urbanístico. Con la aprobación de este dañino anteproyecto, cualquiera que disponga de los medios y los contactos necesarios y que esté dispuesto a corromperse podrá promover la construcción de un hotel con un proyecto de interés insular o autonómico sin necesidad de tener que comprar los suelos que necesita para llevarlo a cabo.

Con este esbozo entenderá porqué Canarias es considerada el paraíso de la corrupción y el motivo, más que sobrado, de llamar a Coalición Canaria «Corrupción Canaria» dado que todo lo que toca, políticamente hablando, acaba en el juzgado. Mientras, el Partido Socialista Obrero Español en Canarias callado para no perder sus sillones ni sus ingresos mensuales que por algo tenemos una vicepresidenta que en época electoral declaró sin pudor que no sabía cuál era el PIB de Canarias (Dos minutos con Patricia Hernández) para posteriormente, en una visita de Pedro Sánchez, volver a confirmar su tremenda ignorancia (Patricia Hernández explica el PIB de Canarias a Pedro Sánchez). Cómo dice el acervo popular, Dios los cría y ellos se juntan, y así nos va.

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