FIRMAS Francisco Pomares

A babor. «Albagate»: se abre la veda. Por Francisco Pomares

Da un poco de miedito lo que está pasando en la Ciudad de la Justicia de Las Palmas: después de que el empresario Miguel Ángel Ramírez se reuniera con el juez Alba y grabara la conversación en la que se le proponía dirigir su declaración para empurar a la jueza Rosell, Alba ha dado una vuelta más de tuerca a la situación, denunciando ante el magistrado Florencio Barrera, del Juzgado de guardia, al propio Miguel Ángel Ramírez, al abogado Sergio Armario (el que acompañó a Ramírez al encuentro con Alba, aunque no estuvo presente) y a periodistas y otros jueces de la Audiencia Provincial de Las Palmas, que -según dice- le habrían presionado para que archivara el caso Ramírez. El juez Alba no aportó en su denuncia verbal, realizada el pasado miércoles 11 (el mismo día en que se publicaron las transcripciones de las cintas), ni los nombres de sus compañeros jueces ni de los periodistas a los que acusa de presionarle, pero se comprometió a aportar wasaps y correos electrónicos recibidos que demostrarían la existencia de esas presiones, por escrito y también de palabra. Alba aseguró también en su denuncia verbal que la grabación es un montaje de Ramírez, y que está realizada con diferentes cortes de voz, en distintos momentos. Le va a resultar difícil sostener esa versión, porque toda la conversación se sostiene con extraordinaria coherencia, y porque aquí ya no se trata de lo que es obvio y todos sabemos, incluyendo el propio juez.

Aquí de lo que se trata es de desviar el caso a la soterrada bronca entre dos grupos de jueces y fiscales enfrentados desde hace años por sus posicionamientos políticos, sus apoyos partidarios y sus relaciones personales, una pelea que ahora estalla con estas denuncias por coacciones y amenazas, con las que Alba pretende ampliar el campo de atención más allá de lo que de verdad pasó en su despacho y juzgado. Alba no ha aportado aún los nombres de esos jueces y periodistas que le habrían presionado -es de suponer que por encargo de Miguel Ángel Ramírez- y debe hacerlo cuanto antes, incluyendo todas las evidencias de que disponga. Porque este es un caso de extraordinaria importancia.

La justicia es una empresa humana, los jueces son personas que tienen (como tenemos todos) filias, fobias, debilidades y flaquezas. Los jueces se mueven en un mundo real, en el que se producen conversaciones, comentarios, se cruzan informaciones y correos electrónicos, y unos jueces se interesan por los casos de otros. No es frecuente que eso les lleve a colocar sus preferencias, sus expectativas profesionales o su ideología por encima del procedimiento. Y menos aún que los jueces se dejen arrastrar por sus pasiones hasta contaminar las causas con delitos graves. Pero a veces ocurre.

Por eso, cuando existen dudas razonables sobre el comportamiento de un juez -y yo creo que este es el caso- la propia Justicia debe proceder con celeridad para restaurar la confianza en la neutralidad y las garantías procesales. El daño causado ya a la imagen de la Justicia es irreparable, sin que nadie haya hecho una sola declaración responsable señalando el camino a seguir. Es verdad que la judicatura tiende a ser muy corporativa y poco dada a la publicidad, pero mantener bajo el velo las actuaciones que se produzcan, renunciar a adoptar medidas provisionales, o permitir que los procesos se ralenticen «sine die» es abrir la veda a una cacería social en la que los justos pasarán por golfos o por cómplices y encubridores de los golfos.

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