Es falso que los datos sobre empleo de la última encuesta de Población Activa en Canarias sean una buena noticia. Es verdad que en porcentaje de parados ha disminuido, pero eso no ha ocurrido porque haya más gente empleada, sino porque ha disminuido la población activa, la población que trabaja o quiere trabajar. De hecho, lo único que demuestra fehacientemente la encuesta del primer trimestre de 2016 es que entre finales de 2015 y estos tres últimos meses en Canarias se han perdido 1.500 puestos de trabajo. No es para estar precisamente contentos. Pero lo más grave es que las administraciones públicas son las que realmente han tirado del empleo en estos últimos meses, creando en Canarias alrededor de diez mil puestos de trabajo, mientras en la economía privada, en las empresas, se perdían 11.600. Es una barbaridad.
Canarias hizo un extraordinario esfuerzo de contención del gasto público en los últimos años, que ha llevado a que se consiguiera cumplir con los objetivos de déficit. De hecho, Canarias ha sido la única región de España en la que se celebraron elecciones regionales el pasado año, que logró cumplir su objetivo previsto, y con creces. ¿Por qué es importante valorar lo de las elecciones? Pues porque en año electoral, las corporaciones locales y los gobiernos regionales tienden a tirar el dinero a espuertas, para «atender» cuestiones de carácter clientelar, excitar el voto afín o poder presentar al conjunto de los electores un balance de compromisos cumplidos. Aquí no ocurrió así, más bien todo lo contrario. Un éxito postrero del Gobierno de Paulino Rivero y -sobre todo- de su consejero de Hacienda.
Será porque nos hemos creído que estamos de verdad saliendo de la crisis, o porque existe una cierta euforia recaudadora, apenas controlada por el candado de la regla del gasto, el hecho es que en estos meses se han disparado las contrataciones del sector público. Mal asunto que sean Gobiernos, Cabildos y Ayuntamientos los que creen el empleo en las islas. Porque es un empleo que se sostiene con recursos que -si disminuye la contratación privada y además empeora su calidad- cada vez van a ser más escasos. Las administraciones públicas emplean en estos momentos a casi 138.000 personas. Es una cifra que crece de manera constante desde el primer trimestre de 2014, cuando comenzaron a producirse las primeras señales de recuperación. Mientras crece el empleo público, el privado retrocede. En estos momentos, las personas que trabajan en el sector privado según la EPA son poco más de 674.000, lo que suma un número total de población ocupada de casi 812.000, con 285.000 parados y 700.000 personas inactivas. A ojo de buen cubero, podría decirse que los impuestos de 812.000 personas mantienen hoy en Canarias a un millón de conciudadanos. Eso no es del todo cierto, porque Canarias recibe bastante más de lo que aporta a la Hacienda española, y eso cambia las cifras. Pero lo que es evidente es que si disminuye la relación entre el empleo privado y aumenta el público, la nuestra acabará siendo una sociedad mantenida. Esa relación es ya hoy algo superior a la media nacional, que es de un trabajador público por cada cinco privados, sin que nuestros servicios públicos sean precisamente mejores que los del resto del país.
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