FIRMAS Francisco Pomares

A babor. Rosell: el final de una carrera. Por Francisco Pomares

No comparto ni por asomo ni el oportunismo ideológico ni el populismo demagogo de Podemos. Todo lo contrario. Pero nunca me han gustado los linchamientos. Viene esto a cuento de que el Supremo ha decidido investigar a la magistrada y jueza de Podemos, Victoria Rosell, atendiendo a la denuncia presentada por el entonces ministro Soria contra ella. La decisión se produce después de que el juez Alba ampliara la investigación sobre un posible retardo malicioso en la causa contra el empresario Miguel Ángel Ramírez, con el que la pareja de Rosell, el periodista Carlos Sosa, había mantenido relaciones comerciales y empresariales en distintas momentos. Así el magistrado Manuel Marchena retoma ahora una investigación ya archivada por la Fiscalía del propio Supremo y desestimada por el Consejo General del Poder Judicial, con nuevos datos presentados por el juez Manuel Alba, que realizó una suerte de investigación general de las actividades de Carlos Sosa incluso antes de ser pareja de Rosell.

Al margen de que la magistrada Rosell actuara o no correctamente, o que la supuesta dilación respondiera a la voluntad de favorecer a su pareja, este caso, iniciado por el exministro Soria, apesta a venganza personal y a uso político de una Justicia cada vez más instrumentalizada y mediatizada por lo político. La animadversión personal del juez Alba con la Rosell, reiteradamente denunciada por esta; la amistad del magistrado Marchena con el abogado de Soria; y -sobre todo- el extrañísimo papel en toda la historia del empresario Ramírez, protegido de Soria y al mismo tiempo implicado en operaciones de apoyo a las empresas de Carlos Sosa, enemigo reconocido del exministro; enturbian la presunción de probidad que debería presidir la acción judicial. No nos llamemos a engaño: quienes dictan Justicia -como también ocurre a los funcionarios o a los periodistas- son permeables a los intereses del poder, y pueden actuar movidos por ideologías, filias y fobias. Algunos más que otros, desde luego.

En este caso hay mucho conflicto en juego, muchos intereses y muchas relaciones cruzadas que lo contaminan. Conviene mantener la vigilancia pública sobre las actuaciones y preguntarse por qué fueron metódicamente precedidas por una precisa y rigurosa campaña de destrucción de la imagen de la diputada Rosell, orquestada por el exministro Soria con el inestimable apoyo propagandístico de Enrique Hernández Bento, un apoyo ajeno a toda neutralidad institucional.

Por eso, la jueza Rosell decidió ayer renunciar a mantenerse -como estaba previsto- en la Diputación Permanente del Congreso, con lo que pierde la inmunidad parlamentaria. No es solo una decisión coherente, es también una decisión inteligente: la jueza pasará ahora a estar aforada -como jueza- en el TSJC, y escapa así de las influencias políticas del Supremo, para moverse en un terreno que maneja mucho mejor. Si es prudente, no volverá a presentarse como diputada.

Quizá se pruebe que la Rosell prevaricó y cometió cohecho para favorecer a su pareja, o quizá no. Pero Podemos ya ha recibido una buena cucharada de esa medicina salvaje que receta a tantos adversarios políticos: la carrera política de quien fue presentada por Pablo Iglesias como su «ministra de Justicia» está reventada. Tiene su aquel que las carreras de los dos diputados más votados en las últimas elecciones en la provincia de Las Palmas -Soria y Rosell- terminen las dos al mismo tiempo.

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