FIRMAS Francisco Pomares

A babor. El marrón. Por Francisco Pomares

José Luis Langa era administrador del Centro Canario Nacionalista (el pequeño partido que la familia González le compró a Lorenzo Olarte) cuando en el 2007 se produjo la presentación electoral de ese partido, ya bajo el control de sus nuevos propietarios. Langa se ocupaba entonces, como abogado que era -y sigue siéndolo a sus 76 años-, de gestionar los asuntos legales del partido cuando se produjo la mayor avalancha de recursos para una campaña que se recuerde en la historia política de Canarias. El CCN, un partidete prácticamente inexistente, con escasísima representación y muy poca actividad, gastó en la preparación y desarrollo de aquella fiesta más de lo que está escrito. Se trataba de conseguir con pasta lo que la ejecutoria política de Ignacio González (hijo) no había logrado en su tránsito por el PP -fue el consejero del Gobierno más joven hasta ese momento- y después con Coalición Canaria, donde no logró colarse como diputado hasta el 2011, merced a un acuerdo con Paulino Rivero.

En el 2007, con el Centro Canario ya completamente controlado por la familia González, se realizó una campaña «a la americana» (así la definió el propio Nacho), con una multitud incalculable de recursos. Se pagaba a los candidatos, a los asesores, a los machacantes, se compraron (y regalaron) coches, se alquilaron locales por todos lados, y se cerraron al tanto una multitud de acuerdos electorales con otros grupos políticos, logrando presentar candidatos en el 90 por ciento de los municipios de las islas. También se invirtió una lluvia de millones en publicidad, en la contratación de vallas y otros elementos, y en la compra de espacios en los medios. El problema es que la Ley Electoral marcaba ya por aquellas fechas un límite al gasto que un partido puede hacer en su campaña, límite que en el CCN se pasaron por el arco de triunfo: parecía que les sobrara el dinero, porque cubrieron con él las calles y las redacciones.

Para sortear el gasto máximo permitido por ley, muchas facturas fueron pagadas por las empresas de la familia. Eso es delito, pero es un delito vamos a decir que menor, por el que ahora se pide a los implicados seis meses de prisión, que no tendrán que cumplir. La cosa es que la fiscalía detectó también contrataciones y pagos de esa campaña realizados por la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, presidida por el patriarca familiar, Ignacio González Martín, epítome de hombre de empresa hecho a sí mismo. Él y Langa, que teóricamente no habría cumplido sus funciones «in vigilando» durante la campaña, han sido acusados de algo penalmente mucho más grave que incumplir la Ley Electoral, concretamente de haber malversado caudales públicos, y se enfrentan a cuatro años de prisión.

Langa ha dicho que no puede responder más que de la administración de los recursos de los que tenía conocimiento, que fueron los oficialmente gastados por el partido y asentados en sus cuentas. Ha explicado que para él no era posible conocer el gasto que se pagaba directamente desde las empresas y la Cámara, porque a efectos de las cuentas que él administraba esos gastos nunca existieron, no llegó a conocerlos. Es algo que tiene su cierta lógica, sobre todo para quienes han trabajado en el vértigo que supone una campaña. La esperanza de Langa es que la fiscalía no pueda probar que él estaba en la pomada. De momento, lo que le toca es comerse -por cuenta ajena y nueve años después- un enorme marrón.

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