FIRMAS Francisco Pomares

A babor. Meter la mano en la lata del gofio. Por Francisco Pomares

La sucesión de golferías, latrocinios y escándalos descubiertos y publicados un día tras otro por los medios de comunicación, y las denuncias realizadas por los partidos contra los cargos de partidos rivales, han acabado por crear una atmósfera asfixiante, donde basta una denuncia de parte o el inicio de una investigación, para que se disparen todas las exigencias de responsabilidad. Las redes sociales han acabado por adueñarse del debate público, y han logrado que se aplique la misma vara de medir al político que se pone las botas cobrando comisiones, que al que toma una decisión administrativa errónea. Tratamos exactamente igual al que monta una trama de sociedades opacas en paraísos fiscales, para evadir impuestos u ocultar dinero, que a quien se equivoca en la aplicación de las leyes o el reglamento, pero no se mete un duro en el bolsillo. No es de extrañar que así ocurra, que aquí se quiera que paguen todos por igual, hayan robado, prevaricado o malversado, porque el fango que se acumula en la vida pública española hace que se pierdan las cautelas y que todo asunto llevado a juicio acabe teniendo la misma consideración.

Para mí no la tienen: la diferencia entre unos casos y otros debe radicar en si al investigado se le acusa de haber metido (o no) la mano en la lata del gofio, si se ha robado o permitido que robe un amigo, o eso no ha ocurrido. Yo creo que en el juicio del público debe haber casos y casos, grados diferentes y distintas consideraciones morales. Hoy eso no ocurre. Cualquier que acaba en un juzgado, sea por lo que sea, es susceptible de ser untado con plumas y brea. Es cierto que el principio de presunción de inocencia no puede convertirse -como ocurría- en patente para que nadie asuma responsabilidades públicas hasta estar entre rejas. Pero tampoco puede ser que la dimisión forzada se convierta en un arma política utilizada incluso por quienes manejan fuego amigo para hacer que corran las listas, colocar a otros o controlar una institución o corporación pública.

Lo sucedido en Arrecife resulta paradigmático: probablemente el alcalde, José Montelongo, que dimitirá hoy según ha anunciado, no debía esperar más para hacerlo: la convocatoria del juicio oral de su caso será en pocos días, y ése es el límite que establece el PSOE para cesar a los suyos, y además se le ha pedido una fianza enorme para responder por las decisiones que adoptó cuando era concejal de Hacienda, relacionadas con reconocimientos de deuda extrajudicial y la línea de créditos ICO, decisiones aprobadas por el pleno municipal, y sin que nadie -menos que nadie el juzgado nº 4 de Arrecife- haya acusado al alcalde de cometer cohecho o quedarse con dinero alguno. Me pregunto si el no cumplir en su momento las instrucciones del pleno, con los informes a favor del interventor y el tesorero, habría supuesto igualmente delito de prevaricación.

Montelongo se irá a su casa, será juzgado y condenado (o no) y caerá sobre él la consideración arrasadora de que es un ladrón y un aprovechado más. Pero él no robó. Como tantos otros alcaldes, y funcionarios públicos repartidos por toda la geografía española, resolvió mal un problema de deuda acumulada, pero no se quedó con nada, no se pringó. Supongo que en algún momento habrá que acabar con los linchamientos generales y empezar a diferenciar a los unos de los otros…

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