FIRMAS Francisco Pomares

A babor. Extorsión. Por Francisco Pomares

La noticia de la dimisión del ministro ha impedido quizá que se le preste la debida importancia a la detención del ultraderechista Miguel Bernard, que fuera número dos del Frente Nacional de Blas Piñar, ahora secretario general de Manos Limpias, un sindicato sin afiliados que lleva algunos años dedicado a usar los tribunales para sostener sus causas ideológicas y -según la UDEF y la Audiencia Nacional- también a meterse una pasta gansa en el bolsillo. Porque una cosa es hacer el ridículo denunciando ante la Fiscalía de Menores los dibujos animados de ‘Los Lumis’, por fomentar la homosexualidad entre los niños, o a la Comunidad Autónoma de Madrid por tener una bandera roja como enseña autonómica, y otra muy distinta acabar con la carrera del juez Garzón después de veinte denuncias que no prosperaron -aunque el franquista Bernard logró sentar a Garzón en el banquillo por su investigación de los crímenes franquistas- para terminar finalmente acusándole de las escuchas en el caso Gurtell. O sumarse a la teoría conspirativa de Pedro J. Ramírez sobre los atentados islamitas del 11-M, presentando una querella contra el instructor y la fiscal del caso, por destrucción de pruebas.

Más allá de esas denuncias ideológicas, extremadas en los últimos años contra líderes y cargos públicos de partidos y movimientos emergentes, la técnica de Manos Limpias para hacer caja parece estar más próxima a la del gansterismo puro y duro que a la denuncia de comportamientos irregulares o corruptos. Apoyado por el también ultraderechista Luis Pineda, fundador de Ausbanc, una asociación de usuarios de servicios bancarios, Bernard ha sido acusado de crear una red de extorsión basada en el viejo mecanismo del «cobro por protección», usado por las organizaciones gansteriles y las mafias de todo el mundo. Además de retorcer el derecho en sus denuncias ideológicas, Bernard se convirtió en perseguidor de entidades bancarias y personalidades públicas, a las que primero denunciaba -en ocasiones con evidencias razonables- y luego retiraba las denuncias a cambio de recibir dinero. Esa técnica fue la usada contra Caja Madrid y el BBVA, que rechazaron el chantaje, y contra otras entidades como Unicaja, investigada por haber satisfecho a Manos Limpias y Ausbanc casi medio millón de euros como ‘impuesto revolucionario’, logrando con ello que Ausbanc retirara la denuncia presentada contra el presidente de la Caja andaluza por su implicación en el caso ERE, aunque Unicaja desmiente haber pagado. También se usó la misma técnica contra la infanta Cristina, a cuyos abogados se solicitó el pago de un chantaje de tres millones de euros por retirar la acusación particular contra ella en el caso Noos, presentada por la abogada del pseudosindicato, Virginia López-Negrete.

Se trata, al final, del viejo sistema de pagar para evitar ser agredido, de comprar el silencio o la colaboración de un posible denunciante, un sistema también conocido en las islas desde hace ya algunos años, y no muy diferente al que -sobre todo como resultado de la eclosión de nuevos medios de comunicación, el empobrecimiento de los tradicionales y la debilidad económica de casi todos ellos-, ha funcionado también en la relación entre algunos medios y periodistas engolfados y nuestro poder político y económico.

Porque en todas partes hay manos sucias que se hacen pasar por todo lo contrario…

Añade un comentario

Clic aquí para publicar un comentario