FIRMAS Francisco Pomares

A babor. Una imputación inesperada. Por Francisco Pomares

Javier González Ortiz, hasta hace menos de un año consejero de Hacienda del Gobierno de Canarias, consiguió tras su cese -y no sin cierta polémica- un puesto de alto directivo en la Mutua de Accidentes de Canarias. La decisión de incorporarlo a la Mutua como director gerente, con un salario muy superior al de un consejero, provocó dudas sobre su legalidad y compatibilidad, zanjadas por una muy discreta intervención del Gobierno de España. ¿Por qué intervino el Gobierno de la nación? Al parecer, existía cierto problema en la aplicación legal del criterio de puertas giratorias en este caso, y el Gobierno de España tuvo que forzar una excepción. Las mutuas son asociaciones de empresarios que funcionan como entidades colaboradoras de la Seguridad Social, gestionando las prestaciones que reciben los trabajadores en caso de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Manejan el dinero que proviene de las cuotas que pagan empresarios y trabajadores a la Seguridad Social, por lo que su gestión y el nombramiento de su dirección está «controlada» por la Administración, hasta el extremo de que sus presupuestos son aprobados por el Parlamento dentro del presupuesto de la Seguridad Social.

Pero la historia no va del acomodo de González Ortiz tras dejar la Consejería de Hacienda, sino de la imputación judicial de González Ortiz por el incendio de La Gomera. Siendo consejero, González Ortiz dedicó la mayor parte de su esfuerzo a ocuparse de las cuentas y de la Televisión Canaria, por encargo directo de su jefe Paulino Rivero. Pero ejercía también de responsable de Seguridad del Gobierno regional, aunque a eso le dedicó bastante menos tiempo que a controlar la tele: probablemente nunca imaginó que acabaría siendo investigado por su gestión en Seguridad. Ahora ha sido citado por el Juzgado de Instrucción de San Sebastián de La Gomera en calidad de lo que antes se llamaba imputado. González Ortiz tendrá que explicar ante el juez su personal gestión en el incendio que arrasó la isla de La Gomera en agosto del año 2012, asolando más de cuatro mil hectáreas de terreno -el diez por ciento de la Isla-, y provocando el desalojo de la cuarta parte de su población y más de setenta millones de euros en pérdidas. La denuncia fue presentada aquel mismo año por el hoy secretario general del PSOE en la Isla y presidente del Movimiento Ciudadano Contra la Corrupción, Gregorio Medina. Durante los días del incendio, que comenzó el cuatro de agosto y se reavivó el día nueve, cuando ya se creía extinguido, Medina ejercía como presidente en funciones del Cabildo gomero, dado que Casimiro Curbelo se encontraba entonces de vacaciones fuera de la Isla.

La comparecencia de González Ortiz pretende aclarar los motivos que provocaron el retraso en decretar el nivel 2 de emergencia, y también porque después se rebajó al nivel 1, cuando las previsiones meteorológicas advertían de que las altas temperaturas podrían provocar complicaciones en la extinción definitiva del incendio. Para intentar comprobar ese extremo, el juez ha solicitado a la Agencia Estatal de Meteorología que informe de las condiciones climáticas existentes en los días en que se produjeron los incendios, y muy especialmente el día 9 de agosto y los siguientes; y de si era previsible que el calor reactivara el fuego y volviera a propagar el incendio. La decisión del juzgado dependerá quizá de ese informe. Va a ser un mal trago para González Ortiz, el consejero discreto y habilidoso que supo resituarse mucho mejor que su propio jefe.

1 Comentario

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  • Son pocos, me imagino que dado por el grado de adocenamiento de la población, pero en La Gomera hay quien cree/sabe que el incendio lo perpetró como poco indirectamente, el propio Curbelo.