FIRMAS Francisco Pomares

A babor. (Casi) visto para sentencia. Por Francisco Pomares

Caso Arona: en su intervención del pasado lunes en la sección sexta de la Audiencia, Francisca Sánchez, nueva fiscal para Delitos contra el Medio Ambiente y la Ordenación del Territorio, mantuvo la práctica totalidad de las conclusiones provisionales de Inmaculada Violán, su predecesora en el caso, incluyendo las peticiones de prisión por delitos de corrupción a todos los encausados. Al exalcalde Berto González Reverón se le piden dos años de prisión y 21 de inhabilitación para cargo público, que se sumarían a los 12 y medio por los que ya está inhabilitado por dos juicios anteriores. La misma pena de prisión y un año menos de inhabilitación se propone para cada uno de los miembros del equipo municipal del «conseguidor» Berto, el también ex alcalde Manuel Barrios y los concejales Alayón, González, Barroso, Martín y Sierra. Pero aparte de los políticos, el caso afecta a toda el entramado urbanístico de Arona: al que fuera aparejador municipal Roberto de Luis, al técnico Eliseo de la Rosa, al empresario Arsenio Zamora -acusado de ejercer de hombre del maletín para De Luis y De la Rosa-, y a los arquitectos Zenón Rodríguez, Jorge Menéndez y Antonio González Tolosa. En total, se les piden multas que rozan los 40 millones de euros, y penas de cárcel que alcanzan 41 años.

Se trata, como puede verse, de un juicio único en la historia de Canarias, sólo en parte comparable al «caso Unión» de Lanzarote: no sólo por la duración en el tiempo de las prácticas denunciadas -más de una década-, ni por la extensión de la corrupción a muchos estamentos de la sociedad aronera y a los profesionales vinculados desde dentro y fuera del municipio a la gestión urbanística. Sobre todo se trata de un caso único por la impunidad con la que se amasaron fortunas durante años, por la nula opacidad de las operaciones, realizadas en muchas ocasiones con conocimiento de muchísima gente, y por la alegría con la que políticos y funcionarios implicados presumían de estilos de vida, lujos y patrimonios personales que no podían justificarse en sus actividades legales. Media Arona supo durante años lo que estaba pasando, y nadie dijo ni pío.

Tuvo que ser un conflicto por diferencias laborales entre Roberto de Luis y su sobrino Antonio Luis Medina, encargado de llevar y traer los fondos que recaudaba su tío y de repartirlos a los políticos, lo que -como ocurre tantas veces- acabó por convertir el asunto en público y publicable y lo puso en los tribunales, primero por una denuncia por injurias del propio Roberto de Luis contra varios periodistas que habían publicado informaciones sobre su inexplicable riqueza -fue sobreseída-, y luego por otra del socialista Paco González Santamaría, que acabó teniendo que apartarse de la vida pública por haber levantado la que resultaría ser la liebre definitiva.

El juicio quedará visto definitivamente para sentencia a finales de este mes, y probablemente habrá fallo en junio. De momento, en Arona -y en otros municipios sureños en los que se imitaron algunas de las prácticas de la banda aronera- la exposición pública del caso ha dejado claro que la corrupción tiende a convertirse en sistémica, a infectarlo todo a su paso. Ahora toca la reconstrucción del municipio y de sus instituciones, la aprobación de un PGOU sin trazos gruesos ni favores pendientes, y la apuesta por adecentar desde dentro una administración envilecida en su propia fibra interna. No es una tarea de meses, sino de años. Y no puede hacerse sin la colaboración y la vigilancia de los vecinos.

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