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Bermúdez exige al Gobierno canario «disculpas» por las amenazas de Visocan ante los ‘okupas’ de Taucho

EBFNoticias.– El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, se ha manifestado este miércoles respecto a la polémica generada a raíz de una carta de la empresa pública Viviendas Sociales e Infraestructuras de Canarias (Visocan), en la cual se acusa a esta corporación municipal de «amparar a personas» que están ocupando ilícitamente viviendas de titularidad pública, en alusión a la intervención el martes del Ayuntamiento en la paralización temporal del desahucio de okupas que viven en el CSO Taucho.

Bermúdez ha expresado a través de las redes sociales que «no estoy a favor de la ocupación ilegal de viviendas pero lo que está claro es que la solución para un okupa no es cortarles el agua y la luz (en el caso de que la tengan) sino convencerles en que vayan a otro recurso habitacional que le permita tener una techo digno». En este sentido, ha exigido que el escrito del Gobierno de Canarias «merece unas disculpas,no solo al Ayuntamiento sino a las familias afectadas».

La empresa pública Viviendas Sociales e Infraestructuras de Canarias (Visocan) del Gobierno de Canarias amenazó ayer con llevar a los tribunales al Ayuntamiento capitalino por amparar a personas que están ocupando “de forma ilícita viviendas de titularidad pública”, según publicó el Diario de Avisos.

En una carta fechada el 17 de marzo, dirigida al responsable del área de Servicios Sociales municipal Óscar García, y que recibió el martes el Ayuntamiento, el director gerente de Visocan, Víctor González García, muestra su indignación ante lo que considera un “comportamiento ilícito” que elI nstituto Municipal de Atención Social (IMAS) colabore “con los ocupantes en la obtención de los suministros (agua y electricidad), mediante la emisión de informes sociales que amparan” la situación de exclusión de las familias.

Carta de Visocan enviada al Ayuntamiento y publicada por Diario de Avisos.
Carta de Visocan enviada al Ayuntamiento y publicada por Diario de Avisos.

En la misiva, el Gobierno de Canarias advierte que ha denunciado a dichos okupas por la comisión de un presunto “delito de usurpación de la propiedad” y requiere al consistorio a que se “abstenga de coadyuvar en la ocupación ilegal de los distintos inmuebles” amenazando de emprender acciones legales contra el Ayuntamiento.

Tras hacerse pública esta misiva, la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda remitió un comunicado donde se desvincula de la carta enviada por Visocan a diferentes ayuntamientos entre los que se encuentra el de Santa Cruz de Tenerife, donde los acusaba de amparar a personas que están ocupando “de forma ilícita viviendas de titularidad pública”.

Para la Consejería, “el contenido de la carta firmada por el gerente de esta empresa pública es contrario a las políticas de esta Consejería, uno de cuyos pilares fundamentales es que ninguna familia sin recursos económicos se quede sin acceso a los servicios básicos, como el agua o la luz.

Ni el Consejo de Administración de Visocan, ni la consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda ni el director general de Vivienda del Gobierno de Canarias habían sido informados previamente de la intención de enviar esta carta ni de su contenido.

Es voluntad de esta Consejería revertir las consecuencias que se deriven de su contenido y seguir defendiendo el acceso de la ciudadanía a los servicios básicos, sin menoscabar por ello la defensa del interés del patrimonio público del Gobierno de Canarias.

La Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias pedirá explicaciones al gerente de Visocan sobre el envío de esta carta y adoptará las medidas oportunas en defensa del interés general”.

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