FIRMAS Francisco Pomares

A babor. Permisos de paternidad. Por Francisco Pomares

El Gobierno de Canarias ha decidido que sus funcionarias puedan disfrutar de un permiso retribuido a partir de la semana 37 de embarazo que -en los casos de embarazo múltiple- se adelanta a la semana 35. La iniciativa, que se suma a un amplio catálogo de medidas ya existentes, lo que pretende es equiparar los derechos laborales de las trabajadoras embarazadas de la Comunidad Autónoma a los de las empleadas del Estado, que ya disfrutan de ese permiso. La iniciativa, que en el PSOE atribuyen a la vicepresidenta del Gobierno, ha sido aplaudida por todo el mundo, reclamando que se extienda también a las trabajadoras que no desempeñan sus funciones en el ámbito de la Administración y sus empresas. A fin de cuentas, se dice, es una medida que ya se aplica con carácter general en otros países de nuestro entorno.

Sin embargo, se trata de una medida a mi juicio discutible, aquí y en el resto de los lugares donde se ha implantado: parte de la errónea consideración de que el embarazo es una enfermedad incapacitante, que afecta a todas las mujeres por igual, y que se «agrava» a partir de un determinado momento. Y eso no es así. Hay embarazos de riesgo que incapacitan para trabajar prácticamente desde las primeras semanas, y hay otros que se sobrellevan -con las dificultades y molestias naturales- hasta el mismo parto. Para hacer frente a esa enorme variedad de situaciones -que dependen del desarrollo del embarazo en sí mismo y de la fisiología de la mujer preñada- ya existe el mecanismo de baja laboral, que en las embarazadas suele tramitarse a la menor duda. De hecho, un porcentaje importante de los embarazos actuales lleva aparejado un historial de bajas sucesivas, que implican -además- los correspondientes controles médicos.

No estoy en contra de que se produzca un aumento del tiempo de permiso por maternidad. Todo lo contrario, aumentar el permiso sí es una magnífica inversión: lo que pasa es que creo que ese permiso debe serlo realmente, y no una forma de sortear bajas hipotéticas, ya cubiertas por el sistema. La ampliación de la libranza por maternidad debería producirse después y no antes del parto, cuando implica salud y estabilidad para la madre y la criatura, y más oportunidades a la conciliación familiar. O al menos debería darse la oportunidad a las embarazadas de elegir cuándo les conviene disfrutar ese tiempo, si prefieren hacerlo durante el mes previo al parto, o añadirlo a la crianza. Me parece tan obvio y razonable hacerlo así que no entiendo cómo nadie lo ha planteado. Probablemente porque en los últimos años se ha instalado un clima de rechazo a las opiniones contracorriente, sobre todo las que tienen que ver con asuntos de género, sexualidad o minorías. Ofrecer una opinión no estándar sobre estas cuestiones resulta hoy absurdamente polémico: se considera reaccionario o antiprogresista cuestionarse determinados asuntos. Todos los que tienen que ver con los derechos de la mujer, por ejemplo, como en este caso.

Pero lo cierto es que a la larga, si las administraciones plantean el permiso previo al parto, es porque van a ahorrarle más bajas al erario público que si las semanas de permiso se añadieran al permiso clásico por maternidad. No tengo nada en contra de ahorrar un dinero que sale del bolsillo de todos, pero sí de que nos lo vendan como una decisión basada en políticas progresistas favorables a ampliar los derechos de la mujer embarazada. Camelos, los menos posibles.

Añade un comentario

Clic aquí para publicar un comentario