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Canarias recurrirá la sentencia de la Audiencia Nacional sobre la privatización de Aena

EBFNoticias.- La consejera de Obras Públicas y Transportes, Ornella Chacón, ha anunciado que el Gobierno canario abrirá nuevas vías judiciales contra la privatización de Aena «en la defensa de un modelo de consorcio en la gestión que implique a administraciones y agentes, al modo de las Autoridades Portuarias». Chacón explicó en el Parlamento que el Ejecutivo entiende que la sentencia del Supremo que rechaza la impugnación al acuerdo del Consejo de Ministros sobre la privatización abre la puerta para que Canarias reclame el marco competencial sobre determinados servicios aeroportuarios.

En este sentido, la consejera señaló que Canarias presentará un recurso contra la sentencia de la Audiencia Nacional, que reconocía la no obligatoriedad de convocar la Comisión Mixta de Transferencias Canarias-Estado, pedida en julio de 2014 para que se entregara la gestión de los aeropuertos canarios tras la venta de Aena, en virtud de lo que recoge el Estatuto de Autonomía. Chacón entiende que «la Comisión Mixta de Transferencias debió haberse reunido para que Canarias hubiera podido ejercer lo recogido en el artículo 33.13 del Estatuto de Autonomía, tejiendo las relaciones instituciones que nos permitan abordar un proceso de cesión competencial pactado».

La consejera canaria recordó a la cámara que «la Comisión Mixta se creó de acuerdo al convencimiento de que un espacio colegiado y de coordinación interadministrativa sería beneficioso para el bien común por el que trabajamos, factor al que nos entregamos en el pasado, lo hacemos en el presente, y lo seguiremos haciendo en el futuro».

De esta forma, el recurso interpuesto ante la Audiencia Nacional ha tenido un resultado negativo para el Gobierno de Canarias desde un punto de vista legal, «ya que la sentencia reconoce la no obligatoriedad sobre las reuniones de dicho órgano. No obstante, y desde el más escrupuloso respeto a las decisiones judiciales, entendemos que un asunto de tal magnitud y transcendencia debería haber sido tratado en el órgano llamado a ser el espacio de coordinación y entendimiento, siempre en aras del principio de lealtad institucional».

La incorporación de capital privado «supone el paso a una gestión indirecta, lo que irremediablemente nos llevaría al escenario en el que Canarias estaría en disposición de reclamar competencialmente una parte de los servicios que presta en la actualidad Aena en las islas». Sobre este matiz entre gestión directa e indirecta, Chacón está convencida de que «la sentencia del Tribunal Supremo posibilita que el Gobierno de Canarias continúe trabajando en su estrategia para proteger los intereses de todos los canarios».

La consejera recordó que en estos últimos meses se ha trabajado en esa dirección, «hemos conseguido forzar una reunión de la Comisión Mixta Canarias-Fomento a finales de año, convocar la primera reunión del Comité de Coordinación Aeroportuaria a mediados del mes pasado tras la insistencia por nuestra parte, además de mantener reuniones periódicas con los representantes de Aena en Canarias».

«Los canarios siempre hemos entendido que las infraestructuras aeroportuarias son elementos indispensables, estratégicos y sensibles en la configuración económica y social del archipiélago», argumentó la consejera, que alegó también que «nuestra condición insular y lejanía con el continente hacen que los aeropuertos y su gestión se configuren como elementos vertebradores de nuestra sociedad, territorio y economía».

La consejera está además convencida de que «la participación del Gobierno de Canarias en la gestión mejorará las condiciones en las que se prestan los servicios y su extensión a espacios no rentables para los intereses de empresas privadas». Chacón aseveró que «la no participación de lo público en determinados espacios termina por convertirse en un serio problema para la ciudadanía, y la reciente crisis financiera internacional es buen ejemplo de ello».

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