FIRMAS Francisco Pomares

A babor. Magia contable. Por Francisco Pomares

Liados como andamos con la presión informativa de esta frustrada investidura, se nos pueden escapar asuntos de interés local. Uno de ellos, de cierta enjundia, es que el Tribunal de Cuentas del Reino ha remitido a la Fiscalía del Estado un informe en el que se detallan indicios de responsabilidad en la gestión contable de varias empresas públicas canarias, hechos que se producen de forma reiterada durante los años investigados, que son los dos últimos completos del «paulinato», 2013 y 2014.

Según el Tribunal de Cuentas, que avala un informe previo realizado por la Audiencia de Cuentas de Canarias, el total de contratos externalizados por alguna de las empresas públicas de la etapa Rivero sumó la abultada cantidad de 65,5 millones de euros, con facturas que el tribunal considera infladas y con pagos de pluses prohibidos expresamente, como los realizados por Visocan o Grecasa, la empresa dedicada a la recaudación de tributos. Ambas sociedades públicas pagaron además pluses de productividad a sus empleados, literalmente prohibidos por decisión previa del Consejo de Gobierno presidido por Rivero. O sea, que el Gobierno aprobaba contención del gasto en sus empresas, y nos contaba el cuento del autoajuste en la Administración pública, y los directivos se pasaban los acuerdos del Consejo de Gobierno por el arco de triunfo.

El informe remitido por el Tribunal de Cuentas a la fiscalía del Estado revela además irregularidades graves, entre ellas la práctica recurrente de inflar el precio de los servicios entre entidades del Gobierno -el Servicio Canario de Salud, por ejemplo- y empresas públicas propias, con aumentos sin justificar que en alguna ocasión superaron el cuarenta por ciento del precio real. De esa manera, facturando muy por encima del precio de mercado al propio Gobierno, las empresas públicas lograban reducir sus pérdidas y cumplir teóricamente con los ajustes acordados. Pero a los ciudadanos mantener la estructura de empresas públicas ejemplarmente recortadas en sus gastos nos costaba exactamente lo mismo. Todo salía del presupuesto público, lo que pasa es que en vez de cubrirse pérdidas de las empresas públicas, se les engordaban los beneficios por la vía de falsear facturas.

Lo más llamativo es que las tres consejerías investigadas -Hacienda, Agricultura y Política Territorial- y los tres organismos sometidos a control por la Audiencia -los servicios canarios de Salud y Empleo y el Instituto Canario de Vivienda- incurren como un solo hombre en esas prácticas, sobre las que ahora deberá pronunciarse la Fiscalía. Si todas hicieron lo mismo… ¿es que había instrucciones? Puede. Aunque también puede ser que los vicios se contagien solos.

Es curioso que entre los departamentos investigados no figure Turismo, una consejería dirigida por el propio Rivero, y en donde se gastaron paletadas de dinero a través de sus empresas públicas. Mientras no sepamos por qué quedó fuera de la investigación la munificente consejería de Turismo -pagadora de campañas de promoción, viajes, producciones de televisión y otras canonjías vicarias del «paulinato»-, al menos podemos cruzar los dedos esperando que la investigación judicial ya en curso sobre los dispendios de Willy García nos revele cómo se movían los millones desde Turismo a la tele, para sortear los recortes del presupuesto de La Nuestra aprobados por el Gobierno. Por decisión directa de Rivero, y por esa vía, muchísimo dinero público acabó donde no debía.

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