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La depuradora no puede esperar más. Por José Manuel Bermúdez

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La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Santa Cruz ha adoptado el acuerdo político de exigir al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente del Gobierno de España celeridad en el proceso administrativo para la ampliación de la Estación Depuradora de Aguas (EDAR) de la capital. Este asunto requiere de una urgente respuesta de la Administración central para resolver un problema importante que afecta no solo a Santa Cruz, sino a los municipios de La Laguna y El Rosario, cuyas aguas también han de depurarse en la estación ubicada en el barrio de Buenos Aires.

Se da la circunstancia de que el pasado mes de septiembre el ministerio sacó a información pública el estudio de impacto ambiental y el anteproyecto de remodelación de la citada EDAR, sin que hasta el momento al Ayuntamiento le conste que se haya adoptado ninguna resolución al respecto. Desde entonces han pasado seis meses y, considerando que el plazo de información pública era de 30 días, el ministerio ha dispuesto de cinco meses para analizar las alegaciones que se pudieran haber presentado y tomar una decisión que permita consignar los créditos necesarios y ejecutar el proyecto. Sin embargo, la parálisis que vive el Gobierno de España, en funciones desde el pasado mes de octubre, cuando convocó las elecciones generales, acrecienta la incertidumbre respecto al desbloqueo de esta situación.

Ni los vecinos de Santa Cruz ni de los municipios que integran el área metropolitana pueden esperar más por una ampliación que está provocando importantes perjuicios medioambientales, económicos e, incluso, judiciales. Unos perjuicios que incluso traspasan el ámbito insular, extendiéndose a la esfera estatal, por lo que supone el incumplimiento de una norma europea. Desde el punto de vista medioambiental, no se concibe hoy en día que la falta de respuesta de una Administración –en este caso el Gobierno de España– provoque el vertido de aguas sin tratar al mar; pero tampoco es admisible que esa falta de diligencia haya repercutido en sanciones económicas al propio Ayuntamiento o en la imputación de presuntos delitos medioambientales a responsables municipales.

La EDAR de Buenos Aires es una instalación que eventualmente se ubica en Santa  Cruz pero presta un servicio a otros municipios, lo que obliga a considerar el asunto desde una perspectiva más amplia que la estrictamente local. No es lógico, por tanto, que nuestra ciudad haya asumido en solitario las responsabilidades derivadas de la colmatación de la infraestructura.

En todo caso, independientemente del modelo de gestión futura o de la administración que la asuma, el Gobierno de España debe agilizar el proyecto de ampliación de la depuradora  y licitar las obras a la mayor brevedad posible. Tanto que éstas puedan comenzar este mismo año y demos solución a un problema de primer orden de carácter medioambiental. Santa Cruz viene reclamando hace años la ampliación de la depuradora –una proyecto que precisa de una inversión de 33 millones de euros–  pero al mismo tiempo estamos impulsando junto a otras administraciones proyectos en materia de gestión hidráulica por otros 50 millones de euros, a ejecutar en los próximos cuatro años.

El  montante de esta previsión resulta de la reorganización del plan financiero de Emmasa, por el que Sacyr deberá invertir 33,97 millones; la partida presupuestaria que contempla el Estado para la Depuradora, por otros 33 millones, y las obras incluidas en el Plan Insular de Cooperación que impulsa el Cabildo, con proyectos como el de la avenida de Venezuela, Acorán y otras zonas del Suroeste, además de las obras del Consejo Insular de Aguas en los barrancos de Tío Pino y San Andrés.

Nuestra actuación, en ese sentido, no se limita a una mera exigencia formal a otra administración –en este caso la central–  para la ampliación de una instalación, sino que se enmarca en un compromiso firme por la mejora de las infraestructuras hidráulicas en todo el municipio. Precisamente por todo eso, nos sentimos perfectamente legitimados para exigir la urgente respuesta del Gobierno central a una petición que consideramos justa y justificada, y a una obra que es necesaria e indispensable para la ciudad.

 

*Alcalde de Santa Cruz de Tenerife

 

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