FIRMAS Salvador García

Violencia, aún pendiente. Por Salvador García Llanos

Empieza a ser recurrente, en el concreto contexto informativo, aludir al número de mujeres que han muerto víctimas del machismo criminal incontrolado. Mala señal.

El actual presidente del Congreso, Patxi López, se estrenó en el cargo apelando a la necesidad de alcanzar una entente social, sólida y operativa, para erradicar la violencia de género partiendo de que no afecta, en exclusiva, al ámbito privado sino que es la expresión más brutal y rechazable de una sociedad cada vez más caracterizada por la desigualdad. Ojalá  le hagan caso.

Esas dos premisas son indicadoras de que el problema está latente. Las circunstancias que concurren en cada asesinato ponen de relieve que es indispensable aumentar la sensibilidad y hacer todo lo que esté al alcance, desde un ángulo preventivo, para eliminar prejuicios y modificar códigos de conducta: no basta con endurecimiento de las penas, pongamos por caso. Hay que esforzarse en acabar con esa consideración de las mujeres por parte de los agresores, o sea, personas que son irrespetadas, que carecen de derechos tan elementales como la libertad o la capacidad de decisión. Cuánta falta hace educación para la ciudadanía.

La evolución de esta lacra obliga a no permanecer impasibles. Hay que perseverar una y otra vez en el principio de igualdad entre hombres y mujeres de modo que éstas sean consideradas, de manera indubitada, respetables sujetos de derechos de ciudadanía. Acaso sea ello una de las causas más latentes en las que insistir. Cierto que desde la promulgación de la Ley Orgánica de Medidas de protección integral contra la violencia de género -se han cumplido ya doce años-, se ha avanzado mucho. Y el posterior Convenio de Estambul, también suscrito por España, vino a consolidar no solo un marco legal sino un enfoque en consonancia para prevenir este tipo de violencia, protegiendo a las víctimas y condenando a los infractores. Si queremos desenvolvernos en una sociedad segura y tolerante, libre de fenómenos tan dañinos y preocupantes como es el de la violencia contra las mujeres, la sociedad toda y sus poderes públicos deben implicarse al máximo y sin reservas, con medios y con recursos, con programas didácticos, aplicables y sostenibles desde instituciones y entidades. En cualquier agenda deben ocupar un lugar preferente.

El caso es que, pese a los avances y los esfuerzos, seguimos contabilizando víctimas. Es lo que incide en la dimensión del problema y lo que obliga a no bajar la guardia un solo instante. Educación, civismo y prevención son primordiales para reducir las estadísticas y no asistir a sucesos deplorables que se registran en cualquier lugar del país. Cabe temer que la expresa alusión de López se pierda en el tráfago de las negociaciones para encontrar cauces de gobernabilidad pero igual resulta una referencia para las formaciones políticas que se aprestan para una legislatura aparentemente agitada, sea cual sea su duración. No creemos, en efecto, que estén muy lejos todas de admitir que es indispensable consignar partidas presupuestarias suficientes de las administraciones competentes. La pretendida Unidad de Coordinación contra la violencia de género en cada Comunidad Autónoma es un objetivo común. Activar y ejecutar un Plan nacional de prevención y sensibilización debe también, cuando menos, acercar posiciones. Y en el plano educativo, creemos que también es posible concertar criterios para incorporar al currículo la formación específica en igualdad, educación afectivo-sexual y prevención de cualquier tipo de violencia de género en todas las etapas educativas.

Para esto sí que se requiere, desde luego, un Plan Integral. Están tardando.

Añade un comentario

Clic aquí para publicar un comentario