El próximo 20 de diciembre tocan elecciones generales. Paro, deuda pública, corrupción, independentismo, nuevas formas de hacer política… El debate sobre los grandes temas electorales está en la calle. Desde Munguía&Asociados nos complace facilitarles un resumen de las propuestas sobre Justicia que proponen los cuatro Partidos con más escaños y votos hasta la fecha según los sondeos y, que no han tenido una repercusión ni remotamente considerable en debates y otro tipo de eventos organizados al respecto.
Durante la legislatura que ahora acaba, hemos de recordar que la Justicia ha jugado un papel protagonista. La judicialización de numerosos casos de corrupción, sumada a los problemas que viene arrastrando la Administración en este terreno, han supuesto que el interés por la Justicia aumente no sólo entre los profesionales del sector, sino también entre la ciudadanía.
Todo ello hace que las propuestas que los diferentes partidos políticos plantean a los electores, necesariamente deban estar en el punto de mira. De hecho, son abundantes las propuestas políticas para una mayor independencia del poder judicial y la transparencia en el nombramiento de altos cargos.
Entre los temas más recurrentes planteados por los partidos en el apartado de sus programas dedicado a la Justicia destacan las medidas que aluden a la lucha contra la corrupción y la necesidad de adoptar mecanismos que permitan a los tribunales dar una rápida respuesta, mejorando la eficiencia de los órganos judiciales.
Las propuestas son las siguientes:
PARTIDO POPULAR
–“Estrategia nacional de Justicia” que permita mayor agilidad, acortando tiempos de respuesta e intensificando el uso de las nuevas tecnologías.
-Nuevo Código Procesal Penal que agilice tiempos y con refuerzo del Ministerio Fiscal, “ampliando su papel en el proceso”.
-Acuerdo para garantizar la independencia del CGPJ, buscando criterios objetivos para la elección de sus miembros.
-Plan de mejora de la distribución de las cargas de trabajo transformando unidades judiciales y creando otras nuevas donde sea necesario. Mayor especialización de los jueces.
-Ley Orgánica del Derecho a la Defensa para una mejor regulación de este derecho, reforzando la confidencialidad de las conversaciones entre abogado y cliente, la deontología o el secreto profesional.
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL
-Atribución en exclusiva a las Cámaras de la designación de magistrados del Tribunal Constitucional.
-Nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal que atribuya la dirección de la investigación al Ministerio Fiscal y reforma de su estatuto orgánico.
-Ley de Planta y Demarcación que fije una nueva organización territorial de los partidos judiciales y favorezca la especialización.
-“Corregir” las funciones del CGPJ para asegurar que se cumplan las previsiones constitucionales sobre el sistema de nombramiento, composición, colegialidad y pluralidad.
-Tasas judiciales sólo para las sociedades mercantiles con una facturación anual superior al millón de euros.
-Revisión del modelo de acceso a la carrera judicial y fiscal.
CIUDADANOS
-Supresión del CGPJ, asignando sus funciones al presidente del Supremo, elegido por dos tercios del Congreso. Exigencia de 25 años de ejercicio para ser magistrado del Constitucional con un estricto sistema de incompatibilidades y un mandato de 12 años.
-Fiscal General nombrado con respaldo de tres quintos del Congreso, a propuesta del Gobierno. Apuesta por un nuevo modelo de investigación criminal en el que el fiscal instructor no es la solución.
-Se equiparará a fiscales y abogados para una efectiva igualdad en el proceso.
-Se suprime la posibilidad de que los parlamentos autonómicos propongan magistrados.
-Sólo habrá tasas judiciales para las grandes empresas que hagan uso frecuente del acceso a la jurisdicción y en una cuantía que no suponga un obstáculo.
PODEMOS
-Auditoría pública y externa del sistema judicial sobre criterios y parámetros basados en su eficiencia, eficacia y sostenibilidad para evaluar su reorganización.
-Procedimiento de nombramiento de los magistrados del Tribunal Constitucional por un sistema de descarte de candidatos hasta que queden sólo “los que menos rechazo generen”.
-Elección directa por parte de la ciudadanía de los vocales del CGPJ, entre jueces y magistrados, fiscales, secretarios judiciales y juristas de reconocido prestigio.
-Reforma integral de la Fiscalía, que incluye la revisión del sistema de nombramiento del Fiscal General o la modificación del Estatuto Orgánico.
-Justicia gratuita: creación de un texto normativo consensuado con los órganos colegiales y asociaciones de letrados del turno de oficio.
¿Con cuál se quedan ustedes?
munguia@munguiaabogados.com
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