Nos pasamos la vida quejándonos de que no hay justicia en España, y probablemente sea verdad, el que justicia no haya, pero jueces y fiscales asoman por todos lados en cuanto uno se descuida… La irrupción de la juez Victoria Rosell como candidata independiente por Podemos -como décadas atrás ocurrió con la de Garzón en las listas del PSOE- fue saludada como uno de los mejores fichajes del partido de Pablo Iglesias. Rosell es una magnífica incorporación al cartel de Podemos, cuyo radicalismo asusta al votante moderado y lastra su oferta política.
Rosell es una persona sensata, preparada, moderada en sus posiciones progresistas y responde a ese perfil menos radical y menos académico que Pablo Iglesias quería para sus candidatos. En Las Palmas, su presentación fue recibida como un acierto, incluso por partidos rivales. Rosell lleva muchos años como jueza en Las Palmas, ha intervenido en casos importantes, y ha tenido gran presencia pública, tanto por su actuación profesional, como por su intensa actividad en Jueces para la Democracia. Un fichaje de lujo para Podemos a nivel nacional, y un auténtico revulsivo en Las Palmas.
La reacción del Gobierno a los fichajes «moderados» de Podemos, sobre todo a los más importantes, ha sido brutal: primero laminaron a Julio Rodríguez, Jefe de Estado Mayor de la Defensa con Zapatero, cesado por el Gobierno (cuando él mismo ya había solicitado formalmente su retiro) y expulsado ignominiosamente como vocal de la Orden de San Hermenegildo «por actuar de forma partidista con sus manifestaciones». Ahora la Fiscalía -un organismo dependiente del Ministerio de Justicia, no se olvide-, inicia una segunda investigación -archivada ya la primera por el Consejo General del Poder Judicial- contra la jueza Rosell, a la que se acusa de favorecer al empresario Miguel Ángel Ramírez.
La fiscal asegura que actúa de nuevo porque recibió anónimamente un documento nuevo, un contrato firmado con la jueza ya en las listas de Podemos y fuera de los juzgados. Se trata de un contrato de alquiler suscrito por la UD Las Palmas, conminada por el Gobierno de Canarias a cerrar sus emisora de radio por carecer de licencia, que alquila a través de una empresa participada por Ramírez, con una opción de compra por un total de 300.000 euros, una licencia de radio a su concesionario, el periodista Carlos Sosa, pareja de la juez.
La cuestión es que la segunda investigación a la ex juez es convertida por el periódico El Mundo en noticia de alcance nacional, en la que se acusa a Rosell de haber retrasado la causa contra Ramírez a cambio de que éste compre la licencia a su pareja. La juez ha respondido acusando directamente al ministro Soria de utilizar la Fiscalía para «intentar neutralizar a un rival político». Y es que el documento utilizado por la Fiscalía -el contrato en cuestión- fue entregado por el propio Ramírez a Soria, cuando éste llamó al empresario para pedirle explicaciones de por qué había alquilado la licencia.
Pero ese contrato contenía un error que fue subsanado unos días después. ¿Cómo llegó el contrato equivocado que sólo tenían Ramírez y Soria a manos de la fiscal? Esa es una de las preguntas que habrá que contestar. Mientras se resuelve el enigma, los debates electorales en los que coincidan el ministro Soria y la juez Rosell se van a poner al rojo vivo.
Yo no me los perdería.
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