FIRMAS Francisco Pomares

A babor. Pájaro en mano. Por Francisco Pomares

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, firmó por fin ayer con Fernando Clavijo el acuerdo sobre el Impuesto General de Tráfico de Empresas -el famoso y requeteextinto ITE-, que pone definitivamente fin a los reintegros con los que Canarias tenía que compensar al Gobierno de España por la sustitución de ese impuesto, por el IGIC. El acuerdo satisface una vieja reclamación canaria que planteaba dejar de pagar la transferencia -en torno a los doscientos millones de euros- que todos los años se ingresaba en la Hacienda estatal. Distintos gobiernos regionales habían intentado negociar la cancelación del pago por el ITE, sin que ninguno lo hubiera logrado. Hasta que llegó Clavijo con su buen rollito y el Gobierno del PP decidió ceder al guiño, probablemente para hacerse perdonar antes de las elecciones cuatro años de poca sensibilidad con las Islas.

La condonación es una extraordinaria noticia: son doscientos millones anuales que no tienen que ser pagados a Madrid y que Canarias puede gastar libremente siempre que lo haga en inversión o creación de empleo. Unos dineros que ahora sabemos -se había dicho lo contrario- que no cuentan para el cálculo de la regla de gasto, ese mecanismo que impide a las administraciones públicas crecer en sus gastos por encima del 1,8 por ciento. Los dineros del ITE ya están incorporados al presupuesto en las previsiones de ingreso, y no suponen alteración del presupuesto. Tampoco se estima por parte del Estado que este sea dinero del bloque REF, lo que obligaría a distribuirlo de acuerdo con los parámetros establecidos para distribuir la recaudación del REF entre cabildos y ayuntamientos, que habrían de quedarse con el 58 por ciento, dejando al Gobierno el 42 por ciento restante. Pero no va a ser así: Clavijo puede decidir hacer con la pasta que se ahorra lo que se le antoje. Puede repartirla a las islas con el criterio que considere oportuno, incluso el de la triple paridad, gastarla en políticas propias del Gobierno, reforzar inversiones o sacarse un plan de empleo dotado con 200 kilos de la manga. Y sólo tendrá que dar cuenta a sus electores.

La única duda que queda por resolver es la de si este dinero viene a sumarse al cómputo de las cantidades que el Estado invierte en Canarias. El Gobierno de la nación entiende que sí, que estos doscientos millones son una aportación a ese incumplimiento recurrente de 600 millones menos que le entran a la región en comparación con la media nacional. En ese sentido, una futura negociación sobre la financiación del Estado a Canarias -tanto si es un Gobierno del PP como de otro partido quien la protagoniza- podría considerar que estos doscientos millones son ya un adelanto.

Pero yo no me preocuparía demasiado por eso. Con la que está cayendo en este país, el futuro reparto de los fondos estatales a las regiones está por reescribir. Más vale ahora pájaro en mano que preocuparnos de lo que sucederá dentro de dos o tres o cuatro años.

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