FIRMAS Francisco Pomares

A babor. ¿Cuánto tiene Antonio Plasencia? Por Francisco Pomares

El Juzgado de Instrucción Número 2 de Güímar decretó hace un par de semanas el embargo de los bienes del empresario Antonio Plasencia, por el caso que se sigue contra él en relación la extracción ilegal de áridos en los barrancos güimareros, realizada a lo largo de los últimos veinte años por Plasencia y otros empresarios areneros, y que ha sido denunciada por atentar contra el medio ambiente y carecer de las licencias preceptivas. El embargo de los bienes de Plasencia y de su hijo Carlos, presidente actual de Promotora Punta Larga, la matriz empresarial familiar, se produce porque Plasencia no se molestó en presentar en el Juzgado la fianza de más de 66 millones de euros que se le reclamó a finales de 2014 para hacer frente a sus posibles responsabilidades civiles en el asunto, solicitadas al alimón por la Fiscalía y la acusación particular. Plasencia se enfrenta por este asunto -un delito ecológico- a una posible condena de cinco años, una indemnización superior a los 200 millones que reclama Güímar al conjunto de los areneros, y al pago de los costes de rehabilitación de los agujeros en el barranco, en los que la actual alcaldesa güimarera pretende ubicar un parque temático…

Además, al embargo de finales del mes pasado se suma ahora otro, que esta vez podría rondar hasta los 120 millones de euros, y que está tramitando el Juzgado de Instrucción Número 1 de Santa Cruz de Tenerife, esta vez a cuenta del caso Las Teresitas. Hace apenas unos días, la jueza María de los Ángeles Zábala dictó una serie de providencias dirigidas a los acusados en el caso -Plasencia y su hijo Carlos, Ignacio González y su hijo Pedro, el ex alcalde Zerolo, y los concejales y funcionarios acusados-, dándoles diez días para que aporten la documentación relativa a sus bienes, con vista a incorporarlos como garantías por su responsabilidad pecuniaria en el «affaire». Se trata de un trámite procesal frecuente en procedimientos judiciales. Pero cuando un trámite se refiere a cantidades multimillonarias, produce vértigo.

Desconozco si la fortuna de Plasencia, probablemente el empresario más rico de Tenerife y uno de los más acaudalados de Canarias, da para poner encima de la mesa de los Juzgados las fianzas que se le reclaman. Probablemente se vea forzado a responder por una cantidad total próxima a los 150 millones de euros… No sé cómo es de rico Antonio Plasencia, pero 150 millones de euros -aunque sólo se trate de garantías- es una cantidad estratosférica. Si el hombre ha optado por esperar al embargo puede ser para no dar demasiadas facilidades, pero también porque la crisis ha mermado su fortuna y no dispone de suficientes activos. Me extrañaría que Plasencia pueda hacer frente en pocos días a las cantidades que se le reclaman. O quizá haya decidido arriesgarse: una parte de su fortuna esta en sus negocios fuera de España. Y él sabe que tiene 80 años y difícilmente entrara en prisión con esa edad, sea lo que sea lo que al final se sentencie.

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