FIRMAS Francisco Pomares

A babor. Desnonexión. Por Francisco Pomares

El conflicto abierto en Cataluña, el mayor desafío a la estabilidad del país desde el fracasado golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, no se produce de la nada: es el resultado de un cúmulo de errores y despropósitos, de los que algunos son más culpables que otros. La torpeza de Zapatero, los boicots conservadores, la corrupción consentida de las élites catalanas, la desideologización de las izquierdas… aquí todo ha sumado para llegar a este desastre. Pero no es este el momento de buscar responsabilidades, sino de encontrar salidas. Y no puede haber salida alguna fuera de la ley.

Si el Parlament ha decidido situarse al margen de la legalidad, el Gobierno de España y el Tribunal Constitucional deben actuar para restaurarla. Y eso es sin duda lo que harán. El independentismo catalán ha lanzado un órdago para el que no está legitimado ni por el derecho, ni por la Historia ni por su propia base social. Ha optado por dividir a la sociedad de Cataluña entre independentistas y no independentistas, y encima le ha salido mal: no se puede forzar la «desconexión» de Cataluña de España, después de un proceso electoral falsamente plesbicitario en el que ni siquiera han conseguido el apoyo de la mitad de los votos. Todo esto es una farsa. Pero -por muy farsa que sea- el proceso de secesión que hoy ha abierto el Parlament no puede interrumpirse ni concluir únicamente con la intervención de los poderes del Estado para garantizar la legalidad, restablecer la Constitución y evitar la quiebra de la democracia en Cataluña.

Hace falta hacer más: porque el hecho es que la única mayoría clara que hay hoy en Cataluña es la de quienes quieren modificar el actual sistema de relaciones con el Estado. Sobre ese denominador común, que comparten casi todos los catalanes, el objetivo es recomponer el consenso social en torno a un nuevo modelo de integración constitucional de las nacionalidades históricas, que no cree españoles de primera y de segunda. Por supuesto que eso exige reformar la Constitución, y que esa reforma es la única opción para encontrar un acomodo asumible por quienes hoy quieren romper con España. Pero esa reforma no puede hacerse contra quienes -en Cataluña y fuera de ella- creen que el principio más importante que debe garantizar cualquier constitución de un Estado social de Derecho es el de la solidaridad entre los individuos que lo componen: los más ricos deben ayudar a los más pobres. Cataluña es una suma de individuos, y en conjunto, aunque las desigualdades entre unos catalanes y otros son evidentes y -en muchos casos- sangrantes, el conjunto de los catalanes dispone de más renta que el conjunto de la media nacional de ciudadanos. En esencia, la distribución de esa renta es la base real de este conflicto, en el que todos hablan de razón, de patria y de historia, pero no de dinero. El recurso a la patria es con frecuencia el último recurso de quienes no quieren soltar lo que tienen. Y garantizar que lo hagan es la función del Estado.

Pueden llamar a lo que venga como quieran, pero lo importante es que al final el sistema responda a lo obvio, que es que eso a lo que algunos se refieren como «derechos de los territorios» sólo tiene sentido cuando se refiere a las personas. Espero y deseo que se encuentre la forma de mejorar el encaje de Cataluña en España. Pero no a costa de sacrificar a los de siempre, a los españoles que menos tienen.

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