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Más de siete meses para una ayuda de subsistencia. Por Ce Castro

El mismo Gobierno de Canarias que estima que en el Archipiélago hay unos 50.000 hogares en los que no entra ni un solo euro a final de mes es el que se demora más de siete meses en tramitar la Prestación Canaria de Inserción (PCI), una ayuda concebida para aquellos que ya no tienen nada.

El Ejecutivo regional ha comunicado al Parlamento de Canarias que, según los datos estadísticos oficiales, el 6,5 por ciento de los hogares en las Islas no cuenta con ingresos. A pesar de ello, pide cautela y subraya que al tratarse de encuestas la cifra real podría rondar los 48.000 o 50.000 hogares. Los números no dejan lugar a dudas, la situación actual de los perjudicados por la crisis económica es dramática.

Ello se ve refrendado por la «nefasta» gestión que se ha hecho hasta ahora de la PCI, justo en un momento político en el que el actual Gobierno de la nación plantea, a través de los presupuestos para 2016, dejar a los desamparados en manos exclusivamente de las comunidades autonómicas, ya que no incrementa ni prestaciones ni subsidios. La patronal tinerfeña CEOE ya ha denunciado que «la partida de prestaciones por desempleo, incluyendo gastos de funcionamiento, cae un 21,7 por ciento».

El año 2014 terminó con 2.973 solicitudes de PCI pendientes, de las que más de 900 ni siquiera pudieron ser estudiadas. A esto se une que el promedio «general» de tramitación desde la solicitud hasta la resolución del expediente fue de 205,11 días, es decir, casi siete meses. El número de días aumenta hasta los 226 si nos referimos a las tramitaciones en los ayuntamientos.

Para poder valorar en su justa medida estas «insostenibles» esperas es oportuno recordar que entre los requisitos para solicitar esta prestación de último recurso es haber tenido durante el último año «ingresos netos anuales inferiores a la cuantía anual de la PCI para esa unidad de convivencia». Esto se viene a traducir prácticamente en no haber cobrado nada.

A partir de aquí la pregunta parece sencilla, cómo se le puede pedir a una persona que tras un año sin haber percibido ingreso alguno, salvo mínimas excepciones, pueda estar otros siete meses para recibir una ayuda que persigue «conseguir la inserción social, económica y laboral» de personas «con especiales dificultades de integración (en situación de pobreza, marginación y exclusión social) y que se encuentran en una situación de mayor desigualdad social» para «conseguir el acceso a uno niveles aceptables de calidad de vida y al pleno ejercicio de los derechos considerados fundamentales (educación, vivienda, trabajo, cultura)».

También es conveniente insistir en que no siempre los pagos llegan cuando deberían hacerlo. Así una vez tramitada, los abonos pueden demorarse semanas o meses. Esto suele suceder, por ejemplo, a la hora de renovar la ayuda. Aquí es donde aparece la figura denunciada por la Audiencia de Cuentas del «prebastanteo», que consiste en tener el visto bueno de la Administración, pero se espera a entrar en nómina. Por esta razón, el presupuesto de un año a otro se agota casi de forma inmediata.

Pero quizá lo peor de la gestión de la PCI, aunque pueda pasar inadvertido, sea la falta o escaso interés por impulsar apoyos a la inserción real. Hasta ahora solo se ha traducido meramente como un mero subsidio, sin que sus beneficiarios puedan ver mejoradas sus capacidades para acceder a un empleo real, que es lo que desearían para desarrollarse plenamente. Aquí no se trata solo de subsistir, hay que dar oportunidades de vida.

@cecastroramos

 

 

 

 

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