FIRMAS Francisco Pomares

A babor. El derecho a decidir. Por Francisco Pomares

Victoria Rosell, jueza titular de Las Palmas y ahora candidata de Podemos al Congreso de los Diputados por esa circunscripción, ha planteado la conveniencia de que después de las elecciones se abra la agenda política al debate de la reforma de la Constitución española.

Se trata de una propuesta que compartimos muchos ciudadanos: en la historia de España es más frecuente aprobar nuevas constituciones que reformar las ya existentes. Quizá el mejor homenaje que puede hacérsele a esta Constitución, casi cuarenta años después de que fuera aprobada mayoritariamente por los españoles, sea precisamente reformarla.

Porque es obvio que hay aspectos de la Constitución que han envejecido muy mal, especialmente los relativos a la sucesión en la jefatura del Estado, e incluso a las propias funciones y competencias del monarca. Y todo el título octavo, fruto de un encaje de bolillos para hacer la Constitución asumible a los más recalcitrantes centralistas.

El problema es que -de hecho- las autonomías han asumido funciones, competencias y procedimientos propios de un sistema federal, pero sometidos a aquél famoso «café para todos», con el que se embrido a las nacionalidades históricas. Con el conflicto abierto en Cataluña -muy distinto al que protagonizó en su día Ibarretxe- ahora todo el mundo quiere reinventar la pólvora, pero el hecho no estriba tanto en cómo vamos a llamar al nuevo esquema territorial del país, sino lo que pretendemos.

El PP parece instalado en mantener las cosas como están. Durante la legislatura amagaron incluso con apretarle las clavijas a ayuntamientos y regiones, no sólo en lo fiscal, sino también en materia competencial. Lograron hacerlo con los municipios más pequeños, pero una autentica rebelión interna les impidió llevar su reforma a los más grandes y a las regiones.

El PSOE se sacó de la manga eso del federalismo asimétrico, que suena muy bien, pero no quiere decir nada, si no se explica la diferencia con lo de ahora, y -sobre todo- si no se deja claro de qué recursos seguirá disponiendo el Estado para cubrir las necesidades de los ciudadanos y los territorios más pobres. Porque esa es la clave de todo este asunto.

Ciudadanos, el único partido que no parece asustado de decir lo que piensa, plantea iniciar un proceso de recentralización. Está en contra del convenio vasco, de los fueros navarros y del REF canario. Creen que las regiones han llegado demasiado lejos y que el Estado debe reforzarse. Y Podemos habla del derecho a decidir. La propia Rosell se ha referido a ese derecho.

Pero derecho a decidir ya tenemos todos los españoles, lo ejercemos continuamente. Si de lo que se trata es del derecho a decidir en un referéndum sobre romper el Estado, que lo digan.

Y que expliquen en qué consiste tal derecho, hasta dónde llega, cómo se materializa y si pueden ejercerlo sólo los catalanes en su conjunto o también los de una parte de Cataluña, los de Cuenca o los de Alajeró o El Toscal.

Porque la Constitución regula los derechos de todos, digo yo. Lo otro suena a milonga. A querer contentar a todos confundiendo. A vieja política.

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