FIRMAS Francisco Pomares

A babor. Teresitas, 15 años después. Por Francisco Pomares

Quince años después de que estallara el escándalo de Las Teresitas, después de montañas de papeles y de informaciones basadas en rumores y contra rumores, en lo que ha sido probablemente la mayor operación de intoxicación informativa de los últimos años, la fiscal Farnés hizo públicas por fin la pasada semana las conclusiones de su investigación, en el escrito en el que se recogen las conclusiones del caso. Entre las novedades, quizá dos de las más llamativas son que la Fiscalía ha sido extremadamente dura al enjuiciar el rol desempeñado por la antigua CajaCanarias (de la que hoy apenas queda la fundación que lleva su nombre) en la operación de compraventa de los terrenos de Las Teresitas; y además vincula la compra de las parcelas del frente de playa no a una decisión urbanística, sino a un compromiso del exalcalde Zerolo con los empresarios Antonio Plasencia e Ignacio González, incapaces de hacer frente a las devoluciones de capital e intereses del crédito pedido a la Caja.

La fiscal apunta que el préstamo de 5.000 millones de pesetas a la empresa de Plasencia y González (ambos vinculados históricamente a la Caja, y el segundo miembro de su Consejo en el momento de la concesión), fue crucial en el desarrollo de toda la operación posterior. El préstamo se hizo a ILT, una sociedad creada al efecto, para que comprara a la Junta de Compensación de Las Teresitas 300.000 metros cuadrados, tras enterarse los empresarios de la inminente recalificación de esos terrenos. El préstamo fue en su día cuestionado por el Banco de España, en una inspección en la que se puso de manifiesto que fue realizado por la Caja sin que existiera una valoración razonable del proyecto, basándose en estimaciones y no en tasaciones, sin realizar ninguna comprobación urbanística, incluyendo errores en los metros cuadrados de las parcelas que se consideraban edificables, y apoyándose sólo en el informe de viabilidad presentado por los empresarios. El Banco de España multó a CajaCanarias por la operación, pero tampoco fue mucho más allá, porque los empresarios devolvieron hasta la última peseta a la Caja, gracias a la ayuda de Zerolo. Según la Fiscalía, Zerolo modificó un anterior acuerdo municipal plenario, «de forma totalmente unilateral y arbitraria», para que el ayuntamiento sacara de su grave situación financiera a Inversiones Las Teresitas comprando 109.000 metros del frente de playa, «conocedores de que ya tenía cedidos gratuitamente 31.709 metros cuadrados por un convenio de 1986».

El acuerdo, que había sido previamente negociado con los empresarios, se materializó con un decreto de Zerolo, de octubre de 1999, en el que se prohibía iniciar actuación alguna antes de que fallara un concurso de ideas sobre el frente de playa. Menos de un año después, Dominique Perrault ganaba el concurso de ideas con un proyecto que descartaba la construcción en Las Teresitas. El proyecto «enfadó» a los empresarios, que defendieron su derecho a ganar más, y eso derivó finalmente en la compra de sus parcelas, decidida por unanimidad en el ayuntamiento. Plasencia y González se embolsaron 52,5 millones de euros, y se reservaron el valle de Las Huertas, por el que sacaron casi 100 millones adicionales. 120 millones de beneficio, y sin poner ni un duro de su propio bolsillo.

En cuanto a Las Teresitas, ahí sigue. Igual de abandonada. Y con un gigantesco bloque de hormigón tapando su frente.

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