Con el fraude todos pierden, incluso el culpable. Perdemos todos, empresarios, consumidores, simples ciudadanos, usted y yo. Y no me refiero solo al fraude fiscal, que también, sino a la picaresca generalizada en la que andamos metidos en este país.
Imagine una empresa que importa cerveza pero en la aduana declara que son refrescos, en lugar de un 15% de IGIC liquida solo el 5%, tiene suerte y no lo pillan. Con su cerveza «casi duty free» consigue ser la más barata de la plaza y la coloca enseguida a un precio menor que sus competidores. Los clientes piensan que han sufrido un abuso durante años por parte de sus proveedores habituales y le ponen los cuernos. Cuando se agota la partida «subvencionada» y vuelve a su precio de mercado los clientes se sentirán defraudados y pensarán que todo fue un truco para captar compradores.
En definitiva, la «trampita» de un operador pone en cuestión la credibilidad y prestigio de todo el sector. ¿Y quién ganó? Alguien en la cadena de distribución que aprovechó la oferta y mantuvo su precio de venta al público, y nuestro listillo unas ventas inesperadas. ¿Vale la pena?
Imagine que tiene una avería en la empresa, le dan el teléfono de un fontanero que la resuelve rápido y a un precio razonable pero, en el momento de pagar le dice que no puede hacer factura, que cobra una pensión y que no está dado de alta. (Si todos hicieran lo mismo, no habría dinero para esa pensión). Argumentará que por «lo legal» le saldría a usted más cara y de paso llama carero al gremio, sin mencionar, claro está, que en tal caso, con la factura, dispone de garantía y de la posibilidad de reclamar.
Nos traslada el problema de tener que pagar sin poder justificar el gasto ni la salida de dinero. Gana el tipo que hizo la reparación, esa vez, y el trabajo de esos profesionales devaluado, imposible competir para una empresa que haga las cosas como debe.
La economía sumergida distorsiona el precio de las cosas, resultan afectados todos, no se puede permitir ni para que alguien «escape» mientras no tenga trabajo formal. Esa distorsión impedirá que las empresas del sector contraten y por lo tanto se perpetúa la precariedad. La permisividad de los consumidores y la pasividad de los operadores no permite que la actividad económica se desarrolle con normalidad y demande empleo. Denunciar estas conductas por el bien común sin condescendencia y con mano firme. No queda otra.
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